Lijo hizo público el nombre del presunto organizador del "escrache" contra Moreno
El juez federal lo mencionó en su rechazo a hacerse cargo de las denuncias del ministro de Justicia Julio Alak, causa a cargo del juez Norberto Oyarbide.
El juez federal Ariel Lijo dio a conocer hoy (martes 2) una resolución en la que da a conocer el nombre de uno de los presuntos convocantes del "escrache" en la puerta de la vivienda del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que derivó en una denuncia por supuestas amenazas.
Se trata de Gustavo Arguindeguy, al menos ese es el nombre que decidió usar en la red de microblogging Twitter, según revela Lijo al citar la denuncia del ministro de Justicia, Julio Alak, desconocida hasta ahora.
Lijo indica que, "según el denunciante, la convocatoria se originó en una serie de tweets en los que una persona de nombre Gustavo Arguindeguy difundió el 'escrache', señalando como motivos el maltrato a Sandra González de la Asociación de Defensa de Consumidores (ADECUA) así como a una Despachante de Aduanas".
La revelación está contenida en la resolución donde el juez rechaza hacerse cargo de la denuncia del Ministerio de Justicia por supuestas amenazas contra Moreno.
La denuncia cayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, pero a raíz de un "escrache" en su vivienda, éste optó por abstenerse aduciendo "violencia moral".
"Según relató el Dr. Alak, a partir de las 20.00 horas del día 26 de septiembre último tuvo lugar en el domicilio particular del Lic. Moreno, sito en la calle Salta n° 960 de esta ciudad, un 'escrache' convocado a través de diferentes medios de comunicación, en el que se hicieron públicas distintas consignas de fuerte contenido amenazante, con tono mafioso, intimidatorios y de incitación a la violencia", se lee en la presentación.
También se conoció el porqué de la negación de Lijo a hacerse cargo de las denuncias que quedaron a cargo del juez Oyarbide.
"La sencilla aceptación por mi parte de la inhibitoria planteada por el Dr. Oyarbide importaría ciertamente la alteración de principios constitucionales fundamentales, con la consecuente gravedad institucional que ello traería aparejado, al consentir que un juez puede ser 'desplazado' de la una investigación por un reclamo público", explicó el magistrado.
http://www.gacetamercantil.com.ar
El juez federal lo mencionó en su rechazo a hacerse cargo de las denuncias del ministro de Justicia Julio Alak, causa a cargo del juez Norberto Oyarbide.
El juez federal Ariel Lijo dio a conocer hoy (martes 2) una resolución en la que da a conocer el nombre de uno de los presuntos convocantes del "escrache" en la puerta de la vivienda del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que derivó en una denuncia por supuestas amenazas.
Se trata de Gustavo Arguindeguy, al menos ese es el nombre que decidió usar en la red de microblogging Twitter, según revela Lijo al citar la denuncia del ministro de Justicia, Julio Alak, desconocida hasta ahora.
Lijo indica que, "según el denunciante, la convocatoria se originó en una serie de tweets en los que una persona de nombre Gustavo Arguindeguy difundió el 'escrache', señalando como motivos el maltrato a Sandra González de la Asociación de Defensa de Consumidores (ADECUA) así como a una Despachante de Aduanas".
La revelación está contenida en la resolución donde el juez rechaza hacerse cargo de la denuncia del Ministerio de Justicia por supuestas amenazas contra Moreno.
La denuncia cayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, pero a raíz de un "escrache" en su vivienda, éste optó por abstenerse aduciendo "violencia moral".
"Según relató el Dr. Alak, a partir de las 20.00 horas del día 26 de septiembre último tuvo lugar en el domicilio particular del Lic. Moreno, sito en la calle Salta n° 960 de esta ciudad, un 'escrache' convocado a través de diferentes medios de comunicación, en el que se hicieron públicas distintas consignas de fuerte contenido amenazante, con tono mafioso, intimidatorios y de incitación a la violencia", se lee en la presentación.
También se conoció el porqué de la negación de Lijo a hacerse cargo de las denuncias que quedaron a cargo del juez Oyarbide.
"La sencilla aceptación por mi parte de la inhibitoria planteada por el Dr. Oyarbide importaría ciertamente la alteración de principios constitucionales fundamentales, con la consecuente gravedad institucional que ello traería aparejado, al consentir que un juez puede ser 'desplazado' de la una investigación por un reclamo público", explicó el magistrado.
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