por GABY Dom Oct 14, 2012 2:17 pm EN 2009, EL 5 POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE LA CALCOGRAFICA PASO A MANOS DE FINTECH ENERGY LLC
Una sorpresa en la historia de Ciccone
En la investigación que lleva el juez Ariel Lijo están rearmando el entramado de accionistas de la calcográfica. La empresa que junto con Clarín administra Cablevisión le compró a Ciccone un paquete de acciones que volvió a vender.
El expediente Ciccone tiene aristas inesperadas, entre ellas que uno de los principales socios del grupo Clarín fue el dueño del cinco por ciento de la calcográfica en 2009.
En el juzgado a cargo de Ariel Lijo están tratando de rearmar la historia de quienes siempre tuvieron el control de la empresa, la familia Ciccone: llevaron a la imprenta a la convocatoria de acreedores, luego a la quiebra; esto derivó en que la empresa terminara en manos de Boldt (la compañía que maneja el juego en territorio bonaerense) y, finalmente, el proceso de levantamiento de la quiebra.
En este último tramo es que se investiga si la AFIP o el Ministerio de Economía, en ese momento encabezado por Amado Boudou, incurrieron en irregularidades.
En toda esa historia aparecen compras de deudas ilegales, socios que no están para nada claros y el dato asombroso de que en 2009, durante cuatro meses, el cinco por ciento de las acciones de la calcográfica fue vendido por la familia Ciccone a Fintech Energy LLC, la empresa que junto con Clarín administra Cablevisión.
En la causa Ciccone se investigan esencialmente dos delitos: negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero.
En el primero de esos delitos lo que se busca determinar es si Boudou o la AFIP beneficiaron indebidamente a Ciccone para permitir el levantamiento de la quiebra.
El segundo delito, el de lavado de dinero, trata de establecer cómo se hundió la empresa y de dónde salieron los fondos para reflotarla.
El punto clave es que Ciccone no es una empresa cualquiera, tiene un valor estratégico: imprime billetes, títulos universitarios, patentes, chequeras, padrones electorales y un largo listado de impresiones de seguridad.
En toda su historia fue manejada por los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, quienes lograron el gran despegue durante la dictadura militar: la calcográfica imprimió las entradas del Mundial ’78.
El juzgado estudia qué pasó desde 2004, en que Ciccone entró en convocatoria de acreedores.
En ese año, Alejandro Vandenbroele, representando a los Ciccone, protagonizó la convocatoria y también la compra de la deuda a algunos acreedores, algo que los jueces comerciales consideran ilegal: el que les dice judicialmente a sus acreedores que no está en condiciones de pagar no puede al mismo tiempo pagarles bajo cuerda para después quedarse con los votos en la junta de acreedores.
Ya en ese año, Vandenbroele actuaba en Ciccone, muchísimo antes de la aparición de Boudou.
En abril de 2009 se produce un hecho llamativo: los Ciccone le ceden el ciento por ciento de las acciones a la empresa Inversiones Tecnológicas S. A., según parece propiedad de un importante empresario argentino que las fuentes judiciales no tienen plenamente identificado.
Y el mismo día, Inversiones Tecnológicas le cede el 4,95 por ciento de las acciones a Fintech Energy LLC.
Es público y notorio que Fintech es socio de Clarín en Cablevisión.
Los que aparecen en el acta de cesión de acciones son Nicolás Ciccone, titular del 50 por ciento; Silvia Noemí Ciccone, 12,5 por ciento; Héctor Ciccone, 25 por ciento, y Graciela Ciccone, 12,5 por ciento.
Por el lado de la empresa Inversiones Tecnológicas firmó el abogado Gerónimo Rocha Pereyra.
Todo indica que aquella operación, que se deshizo cuatro meses después porque tenía una cláusula de rescisión, fue un intento de salvar la imprenta por su valor estratégico.
Interesó a un empresario y a un socio de Clarín.
Pero no prosperó y la familia Ciccone volvió a estar a cargo.
Menos de un año más tarde, el juez comercial Javier Cosentino decretó la quiebra.
En ese momento, el Estado –principal acreedor a través de la AFIP– le hizo saber al magistrado que quería quedarse con la empresa justamente para poner las máquinas a trabajar para la Casa de Moneda.
En forma sorpresiva, Cosentino decidió entregársela a Boldt, o sea que una empresa que manejaba casinos y máquinas tragamonedas se quedaba también con la impresión de billetes y documentación de máxima seguridad.
El Estado nuevamente manifestó su oposición, esta vez por medio de la Secretaría de Comercio.
Todo derivó en el levantamiento de la quiebra, con el papel central –como en 2004– de Vandenbroele, representando a la familia Ciccone.
Esto deriva en la actual investigación de Lijo:
-Por un lado, sobre The Old Fund, la empresa que se queda con Ciccone.
En este terreno, el juez avanza sobre los verdaderos dueños de ese fondo y los que proveyeron el dinero: el Banco Macro, una financiera de Raúl Moneta y un fideicomiso de Formosa.
Además, el magistrado trata de ver si amigos de Boudou, como José María Núñez Carmona, son socios ocultos o no.
-Por otro, sobre la propia familia Ciccone.
La semana que viene serán llamados a declarar al juzgado de Lijo los acreedores de 2004, para ver cómo se produjo el concurso y la historia de los movimientos de acciones que siempre los tuvieron como protagonistas.
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
http://www.pagina12.com.ar
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La expropiación de Ciccone permitiría conocer la identidad de sus dueños
El fiscal de la causa explicó que el juzgado y la fiscalía pidieron que sólo se realicen pagos concretos a una "persona física titular directa del derecho". Aclaró de todos modos que se podría obtener esa información por otros medios.
El fiscal federal Jorge Di Lello, a cargo de la investigación de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, aseguró ayer que el pago de la expropiación de la empresa por parte del Estado podría permitir conocer la identidad de los dueños reales de la planta impresora.
"¿Si la expropiación podría favorecer o no? Planteado en blanco o negro, es como adivinar si va a llover en diez días. Pero, ante la posibilidad de cobrar, abre el margen de favorecer la identificación porque lo que ha tomado como recaudo el juzgado y ha pedido la fiscalía es exigir que no se hagan pagos concretos si no es a una persona físicastitular directa del derecho, o sea ni un apoderado", expresó el fiscal en declaraciones brindadas ayer durante una entrevista en Radio Vorterix.
En el programa "Guetap", el funcionario del Ministerio Público Fiscal aseveró que "está todo trabado para que no se pueda pagar si no es a la única persona física titular", sin embargo advirtió que "si alguien decide donar los aportes que hizo con tal de mantenerse en el anonimato, no se cobrará la expropiación".
Di Lello destacó la importancia de conocer la identidad de los propietarios de la ex Ciccone, actual Compañía de Valores Sudamericana (CVS), "para la transparencia de saber quién jugó ese rol y para conocer si esa circunstancia torna alguna figura comprendida dentro de la represión penal".
Aclaró además que si bien es una de las líneas de investigación de la causa, la pesquisa a partir de la expropiación dispuesta en el Congreso nacional no es la única línea investigativa. "No es verdad que sin la expropiación no se podría esclarecer" la identidad de los titulares de la empresa que imprime billetes para la Casa de la Moneda.
"Hay otros caminos en los que se está trabajando y pueden conducir en paralelo, por otros elementos que van apareciendo, vinculando de manera directa o indirecta a quienes son los dueños o a quienes son verdaderamente los que aportaron", aclaró, sin adelantar las otras hipótesis en las que se trabaja en la instrucción que el fiscal realiza con el juez federal Ariel Lijo.
Desde la denuncia contra el vicepresidente Amado Boudou por un supuesto beneficio en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone, la justicia intenta darles forma a quiénes fueron los dueños reales de la imprenta antes de su expropiación.
A partir de esa investigación, se conoció que Alejandro Vandenbroele, quien sería el nexo con Boudou según la denuncia, integró la empresa desde el año 2004, mucho antes de que el ahora vicepresidente llegara al Ministerio de Economía.
También permitió conocer que durante cuatro meses del año 2009 ingresó como accionista Fintech Energy LLC, socia del Grupo Clarín en Cablevisión, en un intento de la familia Ciccone de salvar de la quiebra a la imprenta, la que finalmente llegó meses después.
Es a partir del levantamiento de esa quiebra que la justicia investiga los delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública, con la que investiga si el vicepresidente Amado Boudou se enriqueció de forma ilícita.
Tiempos
Vínculo
De acuerdo con la investigación judicial, Alejandro Vanderbroele, supuesto nexo con Amado Boudou según la denuncia, integró la empresa desde el año 2004, mucho antes de que el actual vicepresidente de la Nación llegara a ocupar el cargo de ministro de Economía.
http://tiempo.infonews.com
Una sorpresa en la historia de Ciccone
En la investigación que lleva el juez Ariel Lijo están rearmando el entramado de accionistas de la calcográfica. La empresa que junto con Clarín administra Cablevisión le compró a Ciccone un paquete de acciones que volvió a vender.
El expediente Ciccone tiene aristas inesperadas, entre ellas que uno de los principales socios del grupo Clarín fue el dueño del cinco por ciento de la calcográfica en 2009.
En el juzgado a cargo de Ariel Lijo están tratando de rearmar la historia de quienes siempre tuvieron el control de la empresa, la familia Ciccone: llevaron a la imprenta a la convocatoria de acreedores, luego a la quiebra; esto derivó en que la empresa terminara en manos de Boldt (la compañía que maneja el juego en territorio bonaerense) y, finalmente, el proceso de levantamiento de la quiebra.
En este último tramo es que se investiga si la AFIP o el Ministerio de Economía, en ese momento encabezado por Amado Boudou, incurrieron en irregularidades.
En toda esa historia aparecen compras de deudas ilegales, socios que no están para nada claros y el dato asombroso de que en 2009, durante cuatro meses, el cinco por ciento de las acciones de la calcográfica fue vendido por la familia Ciccone a Fintech Energy LLC, la empresa que junto con Clarín administra Cablevisión.
En la causa Ciccone se investigan esencialmente dos delitos: negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero.
En el primero de esos delitos lo que se busca determinar es si Boudou o la AFIP beneficiaron indebidamente a Ciccone para permitir el levantamiento de la quiebra.
El segundo delito, el de lavado de dinero, trata de establecer cómo se hundió la empresa y de dónde salieron los fondos para reflotarla.
El punto clave es que Ciccone no es una empresa cualquiera, tiene un valor estratégico: imprime billetes, títulos universitarios, patentes, chequeras, padrones electorales y un largo listado de impresiones de seguridad.
En toda su historia fue manejada por los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, quienes lograron el gran despegue durante la dictadura militar: la calcográfica imprimió las entradas del Mundial ’78.
El juzgado estudia qué pasó desde 2004, en que Ciccone entró en convocatoria de acreedores.
En ese año, Alejandro Vandenbroele, representando a los Ciccone, protagonizó la convocatoria y también la compra de la deuda a algunos acreedores, algo que los jueces comerciales consideran ilegal: el que les dice judicialmente a sus acreedores que no está en condiciones de pagar no puede al mismo tiempo pagarles bajo cuerda para después quedarse con los votos en la junta de acreedores.
Ya en ese año, Vandenbroele actuaba en Ciccone, muchísimo antes de la aparición de Boudou.
En abril de 2009 se produce un hecho llamativo: los Ciccone le ceden el ciento por ciento de las acciones a la empresa Inversiones Tecnológicas S. A., según parece propiedad de un importante empresario argentino que las fuentes judiciales no tienen plenamente identificado.
Y el mismo día, Inversiones Tecnológicas le cede el 4,95 por ciento de las acciones a Fintech Energy LLC.
Es público y notorio que Fintech es socio de Clarín en Cablevisión.
Los que aparecen en el acta de cesión de acciones son Nicolás Ciccone, titular del 50 por ciento; Silvia Noemí Ciccone, 12,5 por ciento; Héctor Ciccone, 25 por ciento, y Graciela Ciccone, 12,5 por ciento.
Por el lado de la empresa Inversiones Tecnológicas firmó el abogado Gerónimo Rocha Pereyra.
Todo indica que aquella operación, que se deshizo cuatro meses después porque tenía una cláusula de rescisión, fue un intento de salvar la imprenta por su valor estratégico.
Interesó a un empresario y a un socio de Clarín.
Pero no prosperó y la familia Ciccone volvió a estar a cargo.
Menos de un año más tarde, el juez comercial Javier Cosentino decretó la quiebra.
En ese momento, el Estado –principal acreedor a través de la AFIP– le hizo saber al magistrado que quería quedarse con la empresa justamente para poner las máquinas a trabajar para la Casa de Moneda.
En forma sorpresiva, Cosentino decidió entregársela a Boldt, o sea que una empresa que manejaba casinos y máquinas tragamonedas se quedaba también con la impresión de billetes y documentación de máxima seguridad.
El Estado nuevamente manifestó su oposición, esta vez por medio de la Secretaría de Comercio.
Todo derivó en el levantamiento de la quiebra, con el papel central –como en 2004– de Vandenbroele, representando a la familia Ciccone.
Esto deriva en la actual investigación de Lijo:
-Por un lado, sobre The Old Fund, la empresa que se queda con Ciccone.
En este terreno, el juez avanza sobre los verdaderos dueños de ese fondo y los que proveyeron el dinero: el Banco Macro, una financiera de Raúl Moneta y un fideicomiso de Formosa.
Además, el magistrado trata de ver si amigos de Boudou, como José María Núñez Carmona, son socios ocultos o no.
-Por otro, sobre la propia familia Ciccone.
La semana que viene serán llamados a declarar al juzgado de Lijo los acreedores de 2004, para ver cómo se produjo el concurso y la historia de los movimientos de acciones que siempre los tuvieron como protagonistas.
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
http://www.pagina12.com.ar
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La expropiación de Ciccone permitiría conocer la identidad de sus dueños
El fiscal de la causa explicó que el juzgado y la fiscalía pidieron que sólo se realicen pagos concretos a una "persona física titular directa del derecho". Aclaró de todos modos que se podría obtener esa información por otros medios.
El fiscal federal Jorge Di Lello, a cargo de la investigación de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, aseguró ayer que el pago de la expropiación de la empresa por parte del Estado podría permitir conocer la identidad de los dueños reales de la planta impresora.
"¿Si la expropiación podría favorecer o no? Planteado en blanco o negro, es como adivinar si va a llover en diez días. Pero, ante la posibilidad de cobrar, abre el margen de favorecer la identificación porque lo que ha tomado como recaudo el juzgado y ha pedido la fiscalía es exigir que no se hagan pagos concretos si no es a una persona físicastitular directa del derecho, o sea ni un apoderado", expresó el fiscal en declaraciones brindadas ayer durante una entrevista en Radio Vorterix.
En el programa "Guetap", el funcionario del Ministerio Público Fiscal aseveró que "está todo trabado para que no se pueda pagar si no es a la única persona física titular", sin embargo advirtió que "si alguien decide donar los aportes que hizo con tal de mantenerse en el anonimato, no se cobrará la expropiación".
Di Lello destacó la importancia de conocer la identidad de los propietarios de la ex Ciccone, actual Compañía de Valores Sudamericana (CVS), "para la transparencia de saber quién jugó ese rol y para conocer si esa circunstancia torna alguna figura comprendida dentro de la represión penal".
Aclaró además que si bien es una de las líneas de investigación de la causa, la pesquisa a partir de la expropiación dispuesta en el Congreso nacional no es la única línea investigativa. "No es verdad que sin la expropiación no se podría esclarecer" la identidad de los titulares de la empresa que imprime billetes para la Casa de la Moneda.
"Hay otros caminos en los que se está trabajando y pueden conducir en paralelo, por otros elementos que van apareciendo, vinculando de manera directa o indirecta a quienes son los dueños o a quienes son verdaderamente los que aportaron", aclaró, sin adelantar las otras hipótesis en las que se trabaja en la instrucción que el fiscal realiza con el juez federal Ariel Lijo.
Desde la denuncia contra el vicepresidente Amado Boudou por un supuesto beneficio en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone, la justicia intenta darles forma a quiénes fueron los dueños reales de la imprenta antes de su expropiación.
A partir de esa investigación, se conoció que Alejandro Vandenbroele, quien sería el nexo con Boudou según la denuncia, integró la empresa desde el año 2004, mucho antes de que el ahora vicepresidente llegara al Ministerio de Economía.
También permitió conocer que durante cuatro meses del año 2009 ingresó como accionista Fintech Energy LLC, socia del Grupo Clarín en Cablevisión, en un intento de la familia Ciccone de salvar de la quiebra a la imprenta, la que finalmente llegó meses después.
Es a partir del levantamiento de esa quiebra que la justicia investiga los delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública, con la que investiga si el vicepresidente Amado Boudou se enriqueció de forma ilícita.
Tiempos
Vínculo
De acuerdo con la investigación judicial, Alejandro Vanderbroele, supuesto nexo con Amado Boudou según la denuncia, integró la empresa desde el año 2004, mucho antes de que el actual vicepresidente de la Nación llegara a ocupar el cargo de ministro de Economía.
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