por GABY Miér Mar 14, 2012 11:20 pm“Las instituciones penitenciarias de la provincia de Buenos Aires muestran la situación de tortura, de casos crueles y degradantes, a los cuales son sometidas muchas de las personas que están privadas de su libertad”, dijo Juan Manuel Combi, abogado de la familia de Luis Ángel Gorosito Monterrosa, asesinado en 2004-.
Combi también es miembro del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, y dialogó ayer con AgePeBa, después que comenzara el juicio a los tres agentes penitenciarios y al director de la Unidad Penal 29 de Melchor Romero, por haber torturado y asesinado a Luis Ángel Gorosito Monterrosa en el año 2004. El juicio se ventila en el Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata,
Gorosito Monterrosa, quien cumplía una condena de cinco años y 8 meses, falleció luego de ser quemado en un 60 % de su cuerpo y sufrir lesiones y vejaciones sexuales que le ocasionaron el deceso dos días después, en esa unidad penal.
El interno de 23 años había realizado una serie de denuncias contra el servicio penitenciario, producto del abuso policial sufrido en esa unidad penitenciaria. El ex director de la U29, Eduardo Humberto Martino, junto al responsable del pabellón, Sergio Chaile, y el inspector de vigilancia, José Pedroso, están acusados de abuso sexual, y tortura seguida de muerte.
En el parte penitenciario sobre lo ocurrido, se inculpó al propio Gorosito como el causante de las lesiones, intentando fundamentar un intento de suicidio.
Al salir de la primera audiencia de este caso, Juan Manuel Combi, informó a AgePeBA que “los que ayer declararon fueron los peritos y la madre de la victima. Desafortunadamente no se pudo seguir con la audiencia porque uno de los jueces no ha podido continuar, entonces se ha postergado para hoy las otras declaraciones testimoniales y lo que hace al material probatorio de la causa”.
Respecto a la declaración de la madre, Combi señaló: “la madre declaró sobre la historia de su hijo, pidió justicia y clamó por la verdad”.
“En la audiencia se encontraban presentes Hugo Cañón, en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, y Roberto Cipriano, por el Comité Contra la Tortura. Creemos que eso es importante porque refuerza el carácter público que deben reunir las audiencias”, remarcó el abogado.
“En este tipo de juicios son fundamentales los exámenes médicos y las pericias, que están hechas de manera seria. En ese sentido creemos mucho en los dictámenes de dos de los peritos médicos que fueron los que iniciaron el viraje de la investigación, cuando pudieron descartar el tema de la auto agresión”, destacó Combi.
Asimismo, apunto que “las instituciones penitenciarias de la provincia de Buenos Aires muestran la situación de tortura, de casos crueles y degradantes, a los cuales son sometidas muchas de las personas que están privadas de su libertad. Nosotros, cuando hablamos de tortura, no nos referimos solamente al acto de golpear a alguien o de ejercer una acción violenta. La tortura no sólo es física, sino también psíquica y moral. Hay que hablar de las condiciones de alimentación, de hacinamiento, sobrepoblación, sobre la falta de acceso a la atención médica, a la psiquiatría; acerca de las personas enfermas sin tratamiento, un montón de situaciones que no han cambiado con el correr de los años, sino que se van agravando”.
“Entendemos que es producto de una lógica sistemática que lamentablemente tiene la visión de que el preso es una persona que está siendo castigada y no es en función del castigo donde tenemos que analizar a quienes están privados de su libertad. Nadie, por estar preso, es merecedor tratos crueles y degradantes”, enfatizó Combi.
Dijo también que, “desde el Estado muchas veces no hay políticas claras, respecto de las instituciones penitenciarias; cuando hablo de Estado, no lo hago en referencia a gobiernos particulares, me refiero a algo más complejo, porque el Estado es algo más que un gobierno de turno; hablo de distintas funciones”.
http://agepeba.org
Combi también es miembro del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, y dialogó ayer con AgePeBa, después que comenzara el juicio a los tres agentes penitenciarios y al director de la Unidad Penal 29 de Melchor Romero, por haber torturado y asesinado a Luis Ángel Gorosito Monterrosa en el año 2004. El juicio se ventila en el Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata,
Gorosito Monterrosa, quien cumplía una condena de cinco años y 8 meses, falleció luego de ser quemado en un 60 % de su cuerpo y sufrir lesiones y vejaciones sexuales que le ocasionaron el deceso dos días después, en esa unidad penal.
El interno de 23 años había realizado una serie de denuncias contra el servicio penitenciario, producto del abuso policial sufrido en esa unidad penitenciaria. El ex director de la U29, Eduardo Humberto Martino, junto al responsable del pabellón, Sergio Chaile, y el inspector de vigilancia, José Pedroso, están acusados de abuso sexual, y tortura seguida de muerte.
En el parte penitenciario sobre lo ocurrido, se inculpó al propio Gorosito como el causante de las lesiones, intentando fundamentar un intento de suicidio.
Al salir de la primera audiencia de este caso, Juan Manuel Combi, informó a AgePeBA que “los que ayer declararon fueron los peritos y la madre de la victima. Desafortunadamente no se pudo seguir con la audiencia porque uno de los jueces no ha podido continuar, entonces se ha postergado para hoy las otras declaraciones testimoniales y lo que hace al material probatorio de la causa”.
Respecto a la declaración de la madre, Combi señaló: “la madre declaró sobre la historia de su hijo, pidió justicia y clamó por la verdad”.
“En la audiencia se encontraban presentes Hugo Cañón, en representación de la Comisión Provincial por la Memoria, y Roberto Cipriano, por el Comité Contra la Tortura. Creemos que eso es importante porque refuerza el carácter público que deben reunir las audiencias”, remarcó el abogado.
“En este tipo de juicios son fundamentales los exámenes médicos y las pericias, que están hechas de manera seria. En ese sentido creemos mucho en los dictámenes de dos de los peritos médicos que fueron los que iniciaron el viraje de la investigación, cuando pudieron descartar el tema de la auto agresión”, destacó Combi.
Asimismo, apunto que “las instituciones penitenciarias de la provincia de Buenos Aires muestran la situación de tortura, de casos crueles y degradantes, a los cuales son sometidas muchas de las personas que están privadas de su libertad. Nosotros, cuando hablamos de tortura, no nos referimos solamente al acto de golpear a alguien o de ejercer una acción violenta. La tortura no sólo es física, sino también psíquica y moral. Hay que hablar de las condiciones de alimentación, de hacinamiento, sobrepoblación, sobre la falta de acceso a la atención médica, a la psiquiatría; acerca de las personas enfermas sin tratamiento, un montón de situaciones que no han cambiado con el correr de los años, sino que se van agravando”.
“Entendemos que es producto de una lógica sistemática que lamentablemente tiene la visión de que el preso es una persona que está siendo castigada y no es en función del castigo donde tenemos que analizar a quienes están privados de su libertad. Nadie, por estar preso, es merecedor tratos crueles y degradantes”, enfatizó Combi.
Dijo también que, “desde el Estado muchas veces no hay políticas claras, respecto de las instituciones penitenciarias; cuando hablo de Estado, no lo hago en referencia a gobiernos particulares, me refiero a algo más complejo, porque el Estado es algo más que un gobierno de turno; hablo de distintas funciones”.
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