por GABY Miér Oct 10, 2012 4:36 am La sombra de la dictadura y el aparato represivo, en una actividad que creció al calor del menemismo
Quiénes están detrás del negocio millonario de la seguridad privada
Represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad, policías retirados y ex carapintadas se reciclaron en las agencias de vigiladores, en un intento por blanquear sus prontuarios. El caso de los tres genocidas prófugos.
A mediados de los '90, mientras el menemismo dejaba en la calle a miles de trabajadores, tuvo su boom un negocio que aún goza de buena salud: la seguridad privada.
Por entonces, muchos obreros desempleados pasaron a engrosar las filas de ese “ejército” de vigiladores que, según cálculos extraoficiales, ya supera el millón de agentes en todo el país.
Pero no fueron los únicos: militares y ex policías también se reciclaron en las agencias de seguridad privada, en un intento por "blanquear" sus prontuarios.
Tiempo Argentino pudo comprobar que, ya sea como fundadores, socios o a través de familiares, a estas empresas estuvieron vinculados, y en algunos casos lo siguen estando, varios represores y hasta tres genocidas prófugos, ex carapintadas y una larga lista de policías retirados.
El teniente coronel (R) Héctor Mario Schwab, miembro del grupo de tareas de Antonio Bussi en Tucumán, permanece fugitivo de la Justicia desde 2009, con una recompensa de $ 100 mil para quien aporte datos sobre su paradero.
En 1998, Schwab fundó una compañía de seguridad, Scanner SA, que hoy está a nombre de su esposa, Ada Palermo, y de sus hijas Constanza y Pía, de acuerdo con la documentación a la que accedió Tiempo.
Los Schwab tienen estrechos vínculos con el mayor (R) Pedro Rafael Mercado, esposo de Cecilia Pando –ferviente defensora de la dictadura–, que también tiene su empresa de vigiladores: K9.
Otro militar prófugo que se había refugiado en esta actividad es el teniente primero (R) Ricardo Luis Von Kyaw, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, quien actuó en el centro clandestino La Cacha y está acusado de ser el entregador de un niño nacido en cautiverio.
Hasta mayo de 2010, Von Kyaw trabajó como "director técnico" de la agencia Consultora Videco, que un año más tarde fue adquirida por Securitas, una de las mayores multinacionales de la vigilancia privada.
Otro apellido castrense ligado a este negocio es Donda Tigel.
El ex capitán de fragata Adolfo Miguel “Palito” Donda Tigel, preso por 62 crímenes de lesa humanidad a raíz de su accionar en la ESMA, fue uno de los directores de Zapram, que vigilaba los depósitos fiscales del aeropuerto de Ezeiza cuando la concesión estaba en manos de Alfredo Yabrán.
Hoy, su hijo, Santiago Adolfo Donda, maneja Top Air Security, que también operó en Ezeiza, brindando servicios a Southern Winds. Hasta 2008, tuvo como socio al ex comisario Salvador Ramón Patti, primo hermano del antiguo intendente de Escobar, Luis Patti, que cumple prisión perpetua en Marcos Paz.
No escapó a la tentación Aldo Rico, quien figura como socio de Chapelco Seguridad Integral SRL, radicada en el partido de San Miguel.
Uno de sus empleados es Víctor Rafael Listorti, antiguo paracaidista militar y director de Seguridad de San Miguel durante la gestión de Rico.
En junio 2009, Listorti abrió su propia agencia: Mulis Seguridad Integral SA.
Pero no es el único, se suman los ex carapintadas Jorge Alberto Tito, dueño de Hunter Security; Jorge D’Amico, quien fue socio de Vigía SRL; y Ernesto Fernández Maguer, presidente de Segur Baires SA.
En el país existen más de 700 empresas de seguridad privada y las cifras más conservadoras indican que sus agentes duplican la suma de los efectivos de las policías Federal y Bonaerense en el área metropolitana.
En diálogo con este diario, Luis Abeldaño, secretario general del Sindicato Unido Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), aseguró que la legislación sancionada en los ’90 "estaba hecha como un traje a medida del personal de seguridad retirado, ya que era un negocio rentable que sólo ellos podían explotar".
Muchos represores aprovecharon la oportunidad.
Uno fue el coronel (R) Aldo Mario Álvarez, ex jefe de Inteligencia del V Cuerpo de Bahía Blanca y compañero de promoción de Ramón Camps.
En 1988, Álvarez fue indultado por la Ley de Obediencia Debida, pero en 2007 un juez pidió su captura. Está prófugo desde entonces.
Hasta marzo de 2000, había sido dueño de la agencia Alsina SRL.
Ese mes dio un paso al costado, al sancionarse en la provincia de Buenos Aires la ley que prohíbe a los represores integrar este tipo de compañías.
Sin embargo, todo quedó en familia: Álvarez cedió parte de sus acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos.
Otro ejemplo es el del represor Rolando Oscar Nerone, que hasta diciembre del año pasado fue apoderado de Organización Anselmi SRL.
Antes, hasta octubre de 2001, había presidido Escorpio Seguridad Integral.
Comisario inspector retirado, Nerone está procesado por delitos de lesa humanidad cometidos Automotores Orletti y permanece detenido en el complejo de Marcos Paz.
El coronel (R) Jorge Luis Toccalino no tiene un prontuario mejor para exhibir.
Actualmente, está siendo juzgado por privaciones ilegítimas de la libertad, imposiciones de tormentos agravados y dos homicidios doblemente calificados por ensañamiento y alevosía, ocurridos en los centros clandestinos La Cueva y Comisaría Cuarta, de Mar del Plata.
En esa ciudad, en 1978, Toccalino fue encargado de seguridad del Estadio Mundialista.
Años después, presidió la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad y hasta integró el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.
Aún figura como “apoderado habilitado” en la agencia Servicios de Guarda y Custodia SA, creada por los mismos dueños de Hunter Security, donde Toccalino fue director suplente hasta 2003.
Dentro del ámbito policial, se encuentra el caso del ex comisario de la Federal Roberto Raglewski, vinculado a la empresa Murata SA, a través de su mujer, María Paula Stella, en la custodia de los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto Salvador Ontivero es otro policía federal devenido empresario.
Hombre de confianza de Jorge “Fino” Palacios, a quien acompañó en la Metropolitana, Ontivero incluso asumió la jefatura de la policía macrista tras la caída de la cúpula, en medio del escándalo de las escuchas telefónicas ilegales.
Más tarde, en noviembre de 2009, él también tuvo que renunciar, cuando su nombre fue mencionado en un entrecruzamiento de llamados con el ex espía Ciro James.
En la actualidad, Ontivero es socio de las firmas Insem SRL y Chess Security and Safety.
Para la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, “más que refugio, (este rubro) es la salida laboral alternativa de muchos policías retirados o en actividad.
Hay varios ejemplos de uniformados a los que, inclusive estando condenados, les dieron autorización para trabajar en empresas de seguridad.”
Verdú recordó el caso del ex subinspector de la Bonaerense Jorge Ramón Fernández, condenado a prisión perpetua en 1995 por la tortura y asesinato de un joven de 17 años, pero que en 2003 recuperó la libertad, debido a que el fallo no quedó firme. La CORREPI informó que hasta 2008 Fernández se dedicó a gestionar trámites de portación de armas en la agencia Segur Part SA.
A casi veinte años del origen de un negocio que dice velar por la protección de sus clientes, es evidente que quienes cometieron delitos de lesa humanidad, se levantaron contra las instituciones o fueron apartados de sus fuerzas en medio del escándalo, no pueden convertirse en garantes privados de la seguridad.
Lo que dice la ley
En el país no existe una normativa que regule la actividad de la seguridad privada a nivel nacional.
En Buenos Aires, la Ley 12.297 prohíbe a represores indultados o beneficiados por las leyes de impunidad integrar estas empresas. Aquí se incluye a “quienes se beneficiaron con las Leyes 23.492 ó 23.521 e indultados por hechos que constituyan violación a los Derechos Humanos (…), y/o posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o culposos relacionados con el ejercicio de la función de seguridad”.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, existe la Ley 1913, que es más benévola: sólo excluye a indultados y condenados por violación a los Derechos Humanos y delitos dolosos.
Un caso en santiago del estero
El ex carapintada y mayor del Ejército Jorge D’Amico es investigado por delitos de lesa humanidad en el marco de la megacausa por la desaparición de 40 personas en la provincia de Santiago del Estero.
Durante meses estuvo detenido en la cárcel federal de Colonia Pinto, pero recuperó su libertad por falta de mérito.
D’Amico fue uno de los engranajes clave del aparato represivo que montó Antonio Musa Azar, jefe de Inteligencia en la dictadura y luego también en democracia, durante el gobierno de Carlos Juárez.
“Una vez que cae el régimen de Juárez, todos los que comandaban las fuerzas policiales y los organismos de inteligencia armaron su propia empresa de seguridad”, señaló a Tiempo Argentino Marcos Tévez, representante del Sindicato de Custodios Privados Argentinos en Santiago del Estero.
“Hoy –agregó Tévez– la mayoría de las agencias locales provienen del aparato represivo de Musa Azar. Si te presentás a la empresa te chapean con que son coroneles o militares retirados, lo usan como carta de presentación.”
D’Amico no es la excepción. En 2000, ingresó como socio a Vigía SRL, firma cuestionada por los organismos santiagueños de Derechos Humanos.
El 1 de octubre de 2003, el ex jefe de Inteligencia transfirió sus cuotas sociales a su hija, Georgina María D’Amico Pinto. Desde 2009, la empresa está en manos de Georgina y su hermana Mariela, aunque en la provincia nadie duda de quién maneja el verdadero negocio.
Por: Fernando Pittaro
http://tiempo.infonews.com
Quiénes están detrás del negocio millonario de la seguridad privada
Represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad, policías retirados y ex carapintadas se reciclaron en las agencias de vigiladores, en un intento por blanquear sus prontuarios. El caso de los tres genocidas prófugos.
A mediados de los '90, mientras el menemismo dejaba en la calle a miles de trabajadores, tuvo su boom un negocio que aún goza de buena salud: la seguridad privada.
Por entonces, muchos obreros desempleados pasaron a engrosar las filas de ese “ejército” de vigiladores que, según cálculos extraoficiales, ya supera el millón de agentes en todo el país.
Pero no fueron los únicos: militares y ex policías también se reciclaron en las agencias de seguridad privada, en un intento por "blanquear" sus prontuarios.
Tiempo Argentino pudo comprobar que, ya sea como fundadores, socios o a través de familiares, a estas empresas estuvieron vinculados, y en algunos casos lo siguen estando, varios represores y hasta tres genocidas prófugos, ex carapintadas y una larga lista de policías retirados.
El teniente coronel (R) Héctor Mario Schwab, miembro del grupo de tareas de Antonio Bussi en Tucumán, permanece fugitivo de la Justicia desde 2009, con una recompensa de $ 100 mil para quien aporte datos sobre su paradero.
En 1998, Schwab fundó una compañía de seguridad, Scanner SA, que hoy está a nombre de su esposa, Ada Palermo, y de sus hijas Constanza y Pía, de acuerdo con la documentación a la que accedió Tiempo.
Los Schwab tienen estrechos vínculos con el mayor (R) Pedro Rafael Mercado, esposo de Cecilia Pando –ferviente defensora de la dictadura–, que también tiene su empresa de vigiladores: K9.
Otro militar prófugo que se había refugiado en esta actividad es el teniente primero (R) Ricardo Luis Von Kyaw, ex miembro del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, quien actuó en el centro clandestino La Cacha y está acusado de ser el entregador de un niño nacido en cautiverio.
Hasta mayo de 2010, Von Kyaw trabajó como "director técnico" de la agencia Consultora Videco, que un año más tarde fue adquirida por Securitas, una de las mayores multinacionales de la vigilancia privada.
Otro apellido castrense ligado a este negocio es Donda Tigel.
El ex capitán de fragata Adolfo Miguel “Palito” Donda Tigel, preso por 62 crímenes de lesa humanidad a raíz de su accionar en la ESMA, fue uno de los directores de Zapram, que vigilaba los depósitos fiscales del aeropuerto de Ezeiza cuando la concesión estaba en manos de Alfredo Yabrán.
Hoy, su hijo, Santiago Adolfo Donda, maneja Top Air Security, que también operó en Ezeiza, brindando servicios a Southern Winds. Hasta 2008, tuvo como socio al ex comisario Salvador Ramón Patti, primo hermano del antiguo intendente de Escobar, Luis Patti, que cumple prisión perpetua en Marcos Paz.
No escapó a la tentación Aldo Rico, quien figura como socio de Chapelco Seguridad Integral SRL, radicada en el partido de San Miguel.
Uno de sus empleados es Víctor Rafael Listorti, antiguo paracaidista militar y director de Seguridad de San Miguel durante la gestión de Rico.
En junio 2009, Listorti abrió su propia agencia: Mulis Seguridad Integral SA.
Pero no es el único, se suman los ex carapintadas Jorge Alberto Tito, dueño de Hunter Security; Jorge D’Amico, quien fue socio de Vigía SRL; y Ernesto Fernández Maguer, presidente de Segur Baires SA.
En el país existen más de 700 empresas de seguridad privada y las cifras más conservadoras indican que sus agentes duplican la suma de los efectivos de las policías Federal y Bonaerense en el área metropolitana.
En diálogo con este diario, Luis Abeldaño, secretario general del Sindicato Unido Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), aseguró que la legislación sancionada en los ’90 "estaba hecha como un traje a medida del personal de seguridad retirado, ya que era un negocio rentable que sólo ellos podían explotar".
Muchos represores aprovecharon la oportunidad.
Uno fue el coronel (R) Aldo Mario Álvarez, ex jefe de Inteligencia del V Cuerpo de Bahía Blanca y compañero de promoción de Ramón Camps.
En 1988, Álvarez fue indultado por la Ley de Obediencia Debida, pero en 2007 un juez pidió su captura. Está prófugo desde entonces.
Hasta marzo de 2000, había sido dueño de la agencia Alsina SRL.
Ese mes dio un paso al costado, al sancionarse en la provincia de Buenos Aires la ley que prohíbe a los represores integrar este tipo de compañías.
Sin embargo, todo quedó en familia: Álvarez cedió parte de sus acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos.
Otro ejemplo es el del represor Rolando Oscar Nerone, que hasta diciembre del año pasado fue apoderado de Organización Anselmi SRL.
Antes, hasta octubre de 2001, había presidido Escorpio Seguridad Integral.
Comisario inspector retirado, Nerone está procesado por delitos de lesa humanidad cometidos Automotores Orletti y permanece detenido en el complejo de Marcos Paz.
El coronel (R) Jorge Luis Toccalino no tiene un prontuario mejor para exhibir.
Actualmente, está siendo juzgado por privaciones ilegítimas de la libertad, imposiciones de tormentos agravados y dos homicidios doblemente calificados por ensañamiento y alevosía, ocurridos en los centros clandestinos La Cueva y Comisaría Cuarta, de Mar del Plata.
En esa ciudad, en 1978, Toccalino fue encargado de seguridad del Estadio Mundialista.
Años después, presidió la Cámara de Empresas Líderes de Seguridad y hasta integró el tribunal de honor de la Asociación Argentina de Seguridad Privada.
Aún figura como “apoderado habilitado” en la agencia Servicios de Guarda y Custodia SA, creada por los mismos dueños de Hunter Security, donde Toccalino fue director suplente hasta 2003.
Dentro del ámbito policial, se encuentra el caso del ex comisario de la Federal Roberto Raglewski, vinculado a la empresa Murata SA, a través de su mujer, María Paula Stella, en la custodia de los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto Salvador Ontivero es otro policía federal devenido empresario.
Hombre de confianza de Jorge “Fino” Palacios, a quien acompañó en la Metropolitana, Ontivero incluso asumió la jefatura de la policía macrista tras la caída de la cúpula, en medio del escándalo de las escuchas telefónicas ilegales.
Más tarde, en noviembre de 2009, él también tuvo que renunciar, cuando su nombre fue mencionado en un entrecruzamiento de llamados con el ex espía Ciro James.
En la actualidad, Ontivero es socio de las firmas Insem SRL y Chess Security and Safety.
Para la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, “más que refugio, (este rubro) es la salida laboral alternativa de muchos policías retirados o en actividad.
Hay varios ejemplos de uniformados a los que, inclusive estando condenados, les dieron autorización para trabajar en empresas de seguridad.”
Verdú recordó el caso del ex subinspector de la Bonaerense Jorge Ramón Fernández, condenado a prisión perpetua en 1995 por la tortura y asesinato de un joven de 17 años, pero que en 2003 recuperó la libertad, debido a que el fallo no quedó firme. La CORREPI informó que hasta 2008 Fernández se dedicó a gestionar trámites de portación de armas en la agencia Segur Part SA.
A casi veinte años del origen de un negocio que dice velar por la protección de sus clientes, es evidente que quienes cometieron delitos de lesa humanidad, se levantaron contra las instituciones o fueron apartados de sus fuerzas en medio del escándalo, no pueden convertirse en garantes privados de la seguridad.
Lo que dice la ley
En el país no existe una normativa que regule la actividad de la seguridad privada a nivel nacional.
En Buenos Aires, la Ley 12.297 prohíbe a represores indultados o beneficiados por las leyes de impunidad integrar estas empresas. Aquí se incluye a “quienes se beneficiaron con las Leyes 23.492 ó 23.521 e indultados por hechos que constituyan violación a los Derechos Humanos (…), y/o posean antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o culposos relacionados con el ejercicio de la función de seguridad”.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, existe la Ley 1913, que es más benévola: sólo excluye a indultados y condenados por violación a los Derechos Humanos y delitos dolosos.
Un caso en santiago del estero
El ex carapintada y mayor del Ejército Jorge D’Amico es investigado por delitos de lesa humanidad en el marco de la megacausa por la desaparición de 40 personas en la provincia de Santiago del Estero.
Durante meses estuvo detenido en la cárcel federal de Colonia Pinto, pero recuperó su libertad por falta de mérito.
D’Amico fue uno de los engranajes clave del aparato represivo que montó Antonio Musa Azar, jefe de Inteligencia en la dictadura y luego también en democracia, durante el gobierno de Carlos Juárez.
“Una vez que cae el régimen de Juárez, todos los que comandaban las fuerzas policiales y los organismos de inteligencia armaron su propia empresa de seguridad”, señaló a Tiempo Argentino Marcos Tévez, representante del Sindicato de Custodios Privados Argentinos en Santiago del Estero.
“Hoy –agregó Tévez– la mayoría de las agencias locales provienen del aparato represivo de Musa Azar. Si te presentás a la empresa te chapean con que son coroneles o militares retirados, lo usan como carta de presentación.”
D’Amico no es la excepción. En 2000, ingresó como socio a Vigía SRL, firma cuestionada por los organismos santiagueños de Derechos Humanos.
El 1 de octubre de 2003, el ex jefe de Inteligencia transfirió sus cuotas sociales a su hija, Georgina María D’Amico Pinto. Desde 2009, la empresa está en manos de Georgina y su hermana Mariela, aunque en la provincia nadie duda de quién maneja el verdadero negocio.
Por: Fernando Pittaro
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