por GABY Miér Sep 19, 2012 4:16 amEl titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, afirmó que "se puede caracterizar como lavado de activos y pedir el decomiso de todo el dinero mal habido en actividades de estafas o de situaciones de negocios de guante blanco”, incluidos el tráfico de armas y de drogas, y delitos cometidos durante la última dictadura militar.
Sbatella, en declaraciones a Télam, justificó en ese sentido la reciente decisión de congelar bienes de una empresa de juegos de azar, que habría sido utilizada como pantalla para lavar fondos apropiados de secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar, y para solventar gastos de prófugos del núcleo represivo de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
El funcionario destacó que son “delitos que no han prescripto, especialmente los generados en la época de la dictadura, por la apropiación de bienes de las personas, con traslado a estructuras empresariales para su manejo, como el caso de Papel Prensa o de empresas donde está juzgado (el ex ministro de Economía) José Alfredo Martínez de Hoz”.
Según Sbatella, tales acciones se respaldan en atribuciones establecidas en la ley 26.268, aprobada en diciembre de 2011 y reglamentada en junio pasado, de combate al financiamiento del terrorismo y las asociaciones ilícitas involucradas.
“La norma habilita a la UIF en el caso de que aparezca la figura del financiamiento del terrorismo, ingresada como delito nuevo en el Código Penal, en el capítulo de Protección del Orden Económico y Financiero”, explicó el funcionario.
En ese marco, dijo Sbatella, a comienzos de este mes se dispuso el congelamiento de bienes de la empresa de casinos y tragamonedas American Data S.A.
La prohibición de cualquier compra, venta o transferencia durante seis meses afectó al presidente y vice de esa firma, Jorge Ernesto Vildoza y Rodolfo Fernando Giromini, hijo y yerno, respectivamente, de Jorge Raúl Vildoza, segundo jefe de la ESMA entre 1976 y 1980.
El represor, hoy prófugo, y su esposa, Ana María Grimaldos, detenida hace dos meses en su domicilio de Acasuso, están acusados de apropiación de un menor nacido en cautiverio.
“Esta situación, que deriva de los hechos de terrorismo de Estado, incluye a otras personas, algunas también prófugas, que en todo este tiempo han estado financiándose, lo cual implica una organización económica detrás para permitir su desplazamiento y su vida cotidiana”, dijo Sbatella.
“Las ganancias que se obtienen de ese modo constituyen un delito imprescriptible, que se comete en forma continua, en violación del bien protegido, el orden económico y financiero”, subrayó el titular de la UIF.
En esos casos, agregó, "estamos esperando la sentencia para ir por el decomiso del valor de los bienes generados y acumulados en este esquema".
Sbatella destacó que “prácticamente recién ahora la UIF tiene el andamiaje legal y la estructura institucional como para afrontar estas situaciones.
Cuestionó luego a los “medios hegemónicos como `Clarín` y `La Nación`, que en su estructura de protección de toda esta historia negra de la Argentina intentan tergiversar esto, y buscan generar sospechas sobre la capacidad técnica y legal de la UIF”.
“Como se está acercando, por fin, el tiempo de develar la complicidad civil con la dictadura militar, eso está generando mayor virulencia en los ataques a este organismo”, concluyó Sbatella.
http://www.telam.com.ar
Sbatella, en declaraciones a Télam, justificó en ese sentido la reciente decisión de congelar bienes de una empresa de juegos de azar, que habría sido utilizada como pantalla para lavar fondos apropiados de secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar, y para solventar gastos de prófugos del núcleo represivo de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
El funcionario destacó que son “delitos que no han prescripto, especialmente los generados en la época de la dictadura, por la apropiación de bienes de las personas, con traslado a estructuras empresariales para su manejo, como el caso de Papel Prensa o de empresas donde está juzgado (el ex ministro de Economía) José Alfredo Martínez de Hoz”.
Según Sbatella, tales acciones se respaldan en atribuciones establecidas en la ley 26.268, aprobada en diciembre de 2011 y reglamentada en junio pasado, de combate al financiamiento del terrorismo y las asociaciones ilícitas involucradas.
“La norma habilita a la UIF en el caso de que aparezca la figura del financiamiento del terrorismo, ingresada como delito nuevo en el Código Penal, en el capítulo de Protección del Orden Económico y Financiero”, explicó el funcionario.
En ese marco, dijo Sbatella, a comienzos de este mes se dispuso el congelamiento de bienes de la empresa de casinos y tragamonedas American Data S.A.
La prohibición de cualquier compra, venta o transferencia durante seis meses afectó al presidente y vice de esa firma, Jorge Ernesto Vildoza y Rodolfo Fernando Giromini, hijo y yerno, respectivamente, de Jorge Raúl Vildoza, segundo jefe de la ESMA entre 1976 y 1980.
El represor, hoy prófugo, y su esposa, Ana María Grimaldos, detenida hace dos meses en su domicilio de Acasuso, están acusados de apropiación de un menor nacido en cautiverio.
“Esta situación, que deriva de los hechos de terrorismo de Estado, incluye a otras personas, algunas también prófugas, que en todo este tiempo han estado financiándose, lo cual implica una organización económica detrás para permitir su desplazamiento y su vida cotidiana”, dijo Sbatella.
“Las ganancias que se obtienen de ese modo constituyen un delito imprescriptible, que se comete en forma continua, en violación del bien protegido, el orden económico y financiero”, subrayó el titular de la UIF.
En esos casos, agregó, "estamos esperando la sentencia para ir por el decomiso del valor de los bienes generados y acumulados en este esquema".
Sbatella destacó que “prácticamente recién ahora la UIF tiene el andamiaje legal y la estructura institucional como para afrontar estas situaciones.
Cuestionó luego a los “medios hegemónicos como `Clarín` y `La Nación`, que en su estructura de protección de toda esta historia negra de la Argentina intentan tergiversar esto, y buscan generar sospechas sobre la capacidad técnica y legal de la UIF”.
“Como se está acercando, por fin, el tiempo de develar la complicidad civil con la dictadura militar, eso está generando mayor virulencia en los ataques a este organismo”, concluyó Sbatella.
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