lo q carlos pagni se olvida(?)
Por violación de secreto de Estado,espionaje,procesaron incluso a periodistas
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Re: Por violación de secreto de Estado,espionaje,procesaron incluso a periodistas
por GABY Vie Oct 05, 2012 2:33 pm
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Re: Por violación de secreto de Estado,espionaje,procesaron incluso a periodistas
por GABY Sáb Sep 29, 2012 7:23 pm
El columnista de La Nación criticó a la jueza que lo procesó
Doce días después de su procesamiento por el hackeo de mails de funcionarios, el columnista Carlos Pagni dijo que tiene "derecho a recibir cualquier información”.
Para la Justicia, el periodista sabía que la información era obtenida ilegalmente. Cómo operaba la red.
El periodista Carlos Pagni esperó doce días para responder a la jueza Sandra Arroyo Salgado por su procesamiento por integrar una asociación ilícita comandada por el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem, el periodista y escritor Juan Bautista "Tata" Yofre, que se dedicaba a espiar a funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El columnista sostuvo que apeló la medida de la jueza que lo acusó de haber recibido, en siete oportunidades durante el año 2007, documentación enviada por Yofre, entre la que había e-mails de terceros. “La jueza no encontró indicio alguno de que yo haya intervenido un e-mail ajeno. Ni siquiera encontró una prueba de que solicitara esos envíos. Y tampoco pudo demostrar que estuviera al tanto de cómo esos correos habían sido obtenidos”, argumenta Pagni en su artículo publicado hoy en La Nación( http://www.lanacion.com.ar/1512755-una-amenaza-directa-a-la-funcion-del-periodista ).
Pagni le dijo a Yofre, según la causa: "No quiero quedar pegado bajando los sobres de acá, ¿me entendés?"
Sin embargo, según consta en el documento judicial, la jueza detectó que "cuando le cargaba información en la cuenta, Yofre siempre en forma codificada le informaba que contaba con tales correos electrónicos ilícitamente obtenidos".
Pagni admitió que conocía a Yofre y que fue él quien "comenzó a enviarle emails procedentes con información y documentación de distinta índole".
También recordó que "le proporcionó unas contraseñas para acceder a esa misma información en la sección 'borradores' de la cuenta de email flavioboscolo10@yahoo.com.br y de la cuenta flavioboscolo@yahoo.it, ignorando si era el único usuario exclusivo de esa contraseña o si había otros usuarios de las mismas".
"Dicha modalidad no le pareció insólita, ya que con anterioridad algunas fuentes habían adoptado ese método para comunicarse con él... y mucho menos pagó por esos textos, ni por otros”, explicó, según el escrito.
Yofre le informaba a Pagni en qué mail le había despositado información empleando términos en el idioma de la cuenta a la que debía acceder.
De esta manera usaba términos como ser: 'Postino', 'Antonicci', 'Massimo' para la italiana; en tanto cuando se refería a la cuenta con radicación en Brasil, directamente empleaba el nombre 'Ronaldo'."
Sin embargo, Arroyo Salgado advirtió que Pagni tenía "total certeza acerca de que la información que recibía tenía un origen ilícito" y transcribió como argumento un textual del periodista: "No quiero quedar pegado bajando los sobres de acá, ¿me entendés?"
Sin embargo, Pagni hoy sostiene: “La doctora Arroyo Salgado tampoco pudo demostrar que yo conociera a los que infiltraban correos electrónicos, que ella vinculó con Yofre”.
“La jueza no pudo probar que yo haya publicado información alguna de la que Yofre enviaba.
Igual me procesó.
Para resolver esa dificultad recurrió a un argumento insólito: como mi informante podría haber tenido otra computadora, distinta de la que ella pudo investigar, y desde esa computadora imaginaria me podría haber enviado otra información, yo podría haber publicado.
Y, como con esas publicaciones, con las que ella fantasea, mi trabajo se habría visto enriquecido, yo me moví con un afán de lucro", sigue.
Además, el periodista criticó a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que en su discurso en la universidad de Harvard sostuvo que en su país había periodistas procesados: “Es comprensible que la señora de Kirchner, para descalificar al periodismo de su país, haya tenido que desfigurar los hechos que se investigan en este caso judicial”.
“La doctora Arroyo Salgado me procesó por ejercer el periodismo. Es decir, por acceder a informaciones, evaluarlas y, llegado el caso, publicarlas. Es decir el derecho a recibir cualquier información”, se justificó.
La causa: los argumentos
Entre los procesados en la causa figuran el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Juan Bautista "Tata" Yofre, Carlos Pagni, Roberto Alderete, del sitio de internet SEPRIN; Edgar Walter Mainhard, del sitio web Urgente 24; y Roberto Ángel García, ex columnista político del diario Ambito Financiero y actualmente del periódico Perfil.
"Se determinó que el fin perseguido por el nombrado Yofre era el de obtener documentos e información de orden político, social, militar o económico que debían permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación, para luego distribuirla entre diferentes clientes", señala el fallo.
En 355 páginas, la jueza coincidió con el fiscal federal Sebastián Basso en que existió un "microemprendimiento criminal" que tenía dos extremos: los organizadores de la empresa, con Yofre a la cabeza, obtenían ilegalmente información clasificada intrusando y espiando las cuentas de "correos electrónicos oficiales y privados de funcionarios públicos" y de "otras personas públicas, como es el caso de actrices, actores, conductores y modelos, entre otras personalidades del espectáculo". Pero esa información no fue incluida en los procesamientos por considerarlos delitos de "acción privada".
Para Arroyo Salgado, "la prueba reunida en el expediente se integra básicamente con el producido de las intervenciones de las conversaciones telefónicas y de la navegación electrónica correspondientes a los domicilios de los investigados, los testimonios de los damnificadas, como también, de otras personas que comparecieron al tribunal, los elementos y documentación secuestrada en los allanamientos practicados en los domicilios de los imputados y, finalmente, el resultante de los peritajes realizados sobre los equipos de computación secuestrados".
Un trabajo largo y paciente que llevó más de tres años.
http://www.infonews.com
Doce días después de su procesamiento por el hackeo de mails de funcionarios, el columnista Carlos Pagni dijo que tiene "derecho a recibir cualquier información”.
Para la Justicia, el periodista sabía que la información era obtenida ilegalmente. Cómo operaba la red.
El periodista Carlos Pagni esperó doce días para responder a la jueza Sandra Arroyo Salgado por su procesamiento por integrar una asociación ilícita comandada por el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem, el periodista y escritor Juan Bautista "Tata" Yofre, que se dedicaba a espiar a funcionarios de alto nivel de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El columnista sostuvo que apeló la medida de la jueza que lo acusó de haber recibido, en siete oportunidades durante el año 2007, documentación enviada por Yofre, entre la que había e-mails de terceros. “La jueza no encontró indicio alguno de que yo haya intervenido un e-mail ajeno. Ni siquiera encontró una prueba de que solicitara esos envíos. Y tampoco pudo demostrar que estuviera al tanto de cómo esos correos habían sido obtenidos”, argumenta Pagni en su artículo publicado hoy en La Nación( http://www.lanacion.com.ar/1512755-una-amenaza-directa-a-la-funcion-del-periodista ).
Pagni le dijo a Yofre, según la causa: "No quiero quedar pegado bajando los sobres de acá, ¿me entendés?"
Sin embargo, según consta en el documento judicial, la jueza detectó que "cuando le cargaba información en la cuenta, Yofre siempre en forma codificada le informaba que contaba con tales correos electrónicos ilícitamente obtenidos".
Pagni admitió que conocía a Yofre y que fue él quien "comenzó a enviarle emails procedentes con información y documentación de distinta índole".
También recordó que "le proporcionó unas contraseñas para acceder a esa misma información en la sección 'borradores' de la cuenta de email flavioboscolo10@yahoo.com.br y de la cuenta flavioboscolo@yahoo.it, ignorando si era el único usuario exclusivo de esa contraseña o si había otros usuarios de las mismas".
"Dicha modalidad no le pareció insólita, ya que con anterioridad algunas fuentes habían adoptado ese método para comunicarse con él... y mucho menos pagó por esos textos, ni por otros”, explicó, según el escrito.
Yofre le informaba a Pagni en qué mail le había despositado información empleando términos en el idioma de la cuenta a la que debía acceder.
De esta manera usaba términos como ser: 'Postino', 'Antonicci', 'Massimo' para la italiana; en tanto cuando se refería a la cuenta con radicación en Brasil, directamente empleaba el nombre 'Ronaldo'."
Sin embargo, Arroyo Salgado advirtió que Pagni tenía "total certeza acerca de que la información que recibía tenía un origen ilícito" y transcribió como argumento un textual del periodista: "No quiero quedar pegado bajando los sobres de acá, ¿me entendés?"
Sin embargo, Pagni hoy sostiene: “La doctora Arroyo Salgado tampoco pudo demostrar que yo conociera a los que infiltraban correos electrónicos, que ella vinculó con Yofre”.
“La jueza no pudo probar que yo haya publicado información alguna de la que Yofre enviaba.
Igual me procesó.
Para resolver esa dificultad recurrió a un argumento insólito: como mi informante podría haber tenido otra computadora, distinta de la que ella pudo investigar, y desde esa computadora imaginaria me podría haber enviado otra información, yo podría haber publicado.
Y, como con esas publicaciones, con las que ella fantasea, mi trabajo se habría visto enriquecido, yo me moví con un afán de lucro", sigue.
Además, el periodista criticó a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que en su discurso en la universidad de Harvard sostuvo que en su país había periodistas procesados: “Es comprensible que la señora de Kirchner, para descalificar al periodismo de su país, haya tenido que desfigurar los hechos que se investigan en este caso judicial”.
“La doctora Arroyo Salgado me procesó por ejercer el periodismo. Es decir, por acceder a informaciones, evaluarlas y, llegado el caso, publicarlas. Es decir el derecho a recibir cualquier información”, se justificó.
La causa: los argumentos
Entre los procesados en la causa figuran el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Juan Bautista "Tata" Yofre, Carlos Pagni, Roberto Alderete, del sitio de internet SEPRIN; Edgar Walter Mainhard, del sitio web Urgente 24; y Roberto Ángel García, ex columnista político del diario Ambito Financiero y actualmente del periódico Perfil.
"Se determinó que el fin perseguido por el nombrado Yofre era el de obtener documentos e información de orden político, social, militar o económico que debían permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la Nación, para luego distribuirla entre diferentes clientes", señala el fallo.
En 355 páginas, la jueza coincidió con el fiscal federal Sebastián Basso en que existió un "microemprendimiento criminal" que tenía dos extremos: los organizadores de la empresa, con Yofre a la cabeza, obtenían ilegalmente información clasificada intrusando y espiando las cuentas de "correos electrónicos oficiales y privados de funcionarios públicos" y de "otras personas públicas, como es el caso de actrices, actores, conductores y modelos, entre otras personalidades del espectáculo". Pero esa información no fue incluida en los procesamientos por considerarlos delitos de "acción privada".
Para Arroyo Salgado, "la prueba reunida en el expediente se integra básicamente con el producido de las intervenciones de las conversaciones telefónicas y de la navegación electrónica correspondientes a los domicilios de los investigados, los testimonios de los damnificadas, como también, de otras personas que comparecieron al tribunal, los elementos y documentación secuestrada en los allanamientos practicados en los domicilios de los imputados y, finalmente, el resultante de los peritajes realizados sobre los equipos de computación secuestrados".
Un trabajo largo y paciente que llevó más de tres años.
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Re: Por violación de secreto de Estado,espionaje,procesaron incluso a periodistas
por GABY Miér Sep 19, 2012 1:36 pm
Una banda de espías y periodistas top
La jueza Sandra Arroyo Salgado procesó al ex titular de la SIDE durante parte del menemismo, a dos ex agentes de Inteligencia y al titular del Seprin por pinchar e-mails de funcionarios y a los periodistas Carlos Pagni y Roberto García como “encubridores”.
Entre agosto de 2006 y junio de 2008 una “compleja organización clandestina de espionaje” hackeó cientos de correos electrónicos de los más altos funcionarios de Gobierno, desde secretarios y ministros hasta la propia presidenta Cristina Kirchner, también en su etapa previa de senadora.
El “propósito” era “hacerse y comercializar datos, noticias e información” “de orden político, social, militar o económico” que “debían permanecer secretos en función de la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores”.
Sin embargo, el material arrebatado pasaba por varias manos y muchas veces terminaba saliendo a la luz en medios periodísticos, como si fuera fruto de una intensa búsqueda o proviniera de fuentes calificadas.
Esa red ilegal tenía como líder a Juan Bautista “Tata” Yofre, titular de la SIDE en el menemismo, según definió la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, al procesarlo ayer, después de seis años de investigación, como jefe de una asociación ilícita y por hacer espionaje.
Según la resolución, el trabajo de detectar y capturar e-mails lo hacían dos ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Iván Velázquez –prófugo– y Pablo Carpintero, al igual que el director del portal Seprin, Héctor Alderete, los tres imputados como parte de la misma banda.
En otro grupo, el de quienes consumían y difundían el contenido hackeado a sabiendas de su “origen espurio”, fueron procesados por encubrimiento y revelación de secretos el periodista de La Nación Carlos Pagni, el director del portal Urgente 24 Edgar Mainhard y el periodista Roberto García (columnista de Perfil, antes director de Ambito Financiero).
El empresario Néstor Ick y el general Daniel Reimundes, ex secretario del Ejército con los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, también fueron considerados encubridores.
“El objetivo primordial de Yofre era el de conocer en tiempo real información acerca del rumbo y las estrategias del gobierno nacional en sus principales áreas.
Pero no cualquier tipo de información, sino aquella vinculada con las decisiones que estaban al exclusivo cargo de los altos estratos del Poder Ejecutivo nacional”, advierte el fallo de Arroyo Salgado, de 354 páginas.
Allí definió que hay que aplicar al caso la Ley 13.985, que prohíbe el espionaje y lo castiga con hasta 10 años de prisión.
A Yofre le trabó un embargo de medio millón de pesos; a Carpintero y Alderete les embargó 300 mil y a los hombres de medios, 200 mil pesos a cada uno.
No dispuso detenciones porque la mayoría se ha mostrado a disposición de la Justicia, excepto Velázquez, quien huyó a Uruguay, donde tuvo problemas con la ley por el mismo tipo de maniobras cibernéticas y sigue allí porque el país vecino no quiere extraditarlo.
Según Arroyo Salgado, el hackeo y pishing de e-mails no sólo violó la “privacidad” de sus titulares, sino que “se vio afectado un bien jurídico sensiblemente más relevante”, “la seguridad nacional”, ya que algunas “víctimas” enviaban información “trascendental por ese medio”.
En los delitos aplicados fue más dura que el fiscal Sebastián Basso, quien pidió procesamientos sólo por asociación ilícita.
La jueza citó como ejemplo la divulgación de “datos de alta sensibilidad sobre la investigación relacionada con la desaparición de Julio López” como las “medidas de investigación que se estaban desarrollando”.
Otras situaciones, sostuvo, podrían haber “afectado seriamente las relaciones exteriores” con ciertos países, al ventilar las “estrategias” ante la comunidad internacional y “valoraciones” sobre conflictos con otros países. Se refería a cuestiones como el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y el conflicto con Uruguay por las papeleras.
La causa judicial comenzó a tramitar en agosto de 2006, con una denuncia de la ex SIDE.
Cuando se hizo pública, se mezclaban las noticias sobre hackeo a personajes de la farándula, como Susana Giménez, y a los funcionarios públicos.
El rubro de los artistas tramita aparte, por ser delitos de acción privada.
La lista de “víctimas” que consideró Arroyo incluye a
-Cristina Kirchner,
-Daniel Scioli (como vicepresidente),
-Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete),
-Nilda Garré (cuando estaba en el Ministerio de Defensa),
-Jorge Taiana (ex canciller),
-Héctor Timerman (cuando era cónsul en Nueva York),
-Jorge Argüello (como diputado y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores),
-Fabián Gutiérrez y
-Jorge Bounine (secretarios de Néstor Kirchner y luego de Cristina),
-Alicia Castro (embajadora en Venezuela),
-José Scioli (como funcionario en el Ministerio de Planificación),
-Carlos Bettini (embajador en España),
-Alberto Dalotto (ex jefe de Gabinete de Cancillería);
-Héctor Icazuriaga (titular de la Secretaría de Inteligencia),
-Alessandra Minnicelli (ex síndica general adjunta) y
-a la División de Delitos Económicos de la Policía Federal.
La mayoría reconoció como propios ante la jueza los e-mails detectados en las computadoras secuestradas o impresos en los domicilios de Yofre y su grupo.
Fernández, Timerman, Garré y Argüello precisaron que “muchas ocasiones vieron que cierta información relativa a la función que cada uno de ellos ocupaba en el ámbito del Poder Ejecutivo y que la manejaban exclusivamente vía mail era publicada en Seprin, Urgente 24, Ambito Financiero y La Nación”.
El ex jefe de Gabinete dijo que Pagni publicaba notas con el contenido de sus correos electrónicos.
La jueza explica el modus operandi de la organización. Yofre, por propia iniciativa o a pedido de sus clientes, establecía los “objetivos de interés”, o sea los funcionarios a espiar, y les pedía “a sus brazos ejecutores”, Velázquez, Carpintero y Alderete, que detectaran las cuentas de correo y las interceptaran.
A veces hackeaban directamente, otras hacían pishing, enviando mensajes falsos que requerían al usuario la clave de seguridad.
Para enviarse entre ellos el material obtenido creaban una cuenta de correo (a veces de proveedores radicados en otros países) y “depositaban” los e-mails robados en la bandeja “borrador”.
Yofre tenía abiertas varias de esas cuentas y compartía las claves con sus socios.
“Centralizaba” y “repartía” la información.
Lo mismo hacía con quienes entraban en escena en la “segunda etapa”: los clientes que recibían los correos electrónicos obtenidos.
La pesquisa se nutrió del análisis de los mensajes que Yofre, sus aliados y sus clientes se mandaban a través de esas cuentas “receptáculo”, de escuchas telefónicas y de lo incautado en allanamientos, como software de hackers para captar “pantallas, pulsaciones de teclado y toda la actividad desarrollada en otra computadora”.
“Después te paso los blancos. Por el momento seguí con Pepe Scioli; Jorge el neoyorquino; el ruso Héctor y el vasco impronunciable. También los santiagueños y los riojanos”, le indica Yofre a Alderete.
“Estimadísimo Tata: te comunico que en el día de la fecha pudimos encontrar al tío Alberto”, se reporta Iván Velázquez, quien trabajaba en tándem con Carpintero (incluso en la consultora Inteligence Consulting Group), según definió la jueza.
“Sacá a Vilma de circulación. Parece una pérdida de tiempo”, indica Yofre en alusión a Vilma Ibarra.
“La mensualidad está disponible el viernes a primera hora”, le hablaba al espía del pago.
Del lado de los “consumidores”, Urgente 24 publica la información sobre la investigación de Julio López, Pagni reclama datos de las “valijas” de Antonini Wilson, García pide y publica acerca de un reunión de Cristina Kirchner en la Unión Industrial, entre muchos ejemplos.
Todo este tráfico ilegal de información, dice Arroyo Salgado, tenía fines “netamente económicos”, afirmó la jueza, aunque no se pudo establecer cuánto cobraba o pagaba cada quien.
En la casa de Alderete fue hallado un diskette con una propuesta de servicios tarifados:
-12 mil pesos mensuales por información de coyuntura política y económica;
-15 mil informes clasificados (comerciales, patrimoniales, entradas y salidas del país, antecedentes, información negativa) y
-el control de correo electrónico 3500 por cada objetivo.
“Alerta amarilla”, advirtió un mensaje supuestamente de Yofre, en 2008, cuando Página/12 comenzó a hablar de esta historia de espías.
“Mejor que decir...”
Juan Bautista “Tata” Yofre no sólo fue procesado como jefe de una asociación ilícita y por el delito de espionaje (ambos de suma gravedad), sino también por instigar al ex espía Iván Velázquez a que sustrajera los registros de la Dirección Nacional de Migraciones y añadiera una prohibición de salida del país a su ex mujer, Andrea Luz Sanguinetti de Ridder.
“Estoy en emergencia con una mina que me quiere chantajear”, le dijo Yofre a Velázquez, según figura en el expediente de la causa.
Su pedido se concretó para el 2 de enero de 2008, aunque pidió que tuvieran en consideración “la salida del hijo menor, de nombre Jerónimo Yofre”.
Velázquez trabajaba entonces en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y concretó la misión utilizando la clave de acceso de otro funcionario de la fuerza. “Mirá este boletín, mejor que decir es hacer... ¿no?”, le mandó un mensaje a Yofre, donde le adjuntaba constancias del sistema de Migraciones.
Por Irina Hauser
http://www.pagina12.com.ar
La jueza Sandra Arroyo Salgado procesó al ex titular de la SIDE durante parte del menemismo, a dos ex agentes de Inteligencia y al titular del Seprin por pinchar e-mails de funcionarios y a los periodistas Carlos Pagni y Roberto García como “encubridores”.
Entre agosto de 2006 y junio de 2008 una “compleja organización clandestina de espionaje” hackeó cientos de correos electrónicos de los más altos funcionarios de Gobierno, desde secretarios y ministros hasta la propia presidenta Cristina Kirchner, también en su etapa previa de senadora.
El “propósito” era “hacerse y comercializar datos, noticias e información” “de orden político, social, militar o económico” que “debían permanecer secretos en función de la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores”.
Sin embargo, el material arrebatado pasaba por varias manos y muchas veces terminaba saliendo a la luz en medios periodísticos, como si fuera fruto de una intensa búsqueda o proviniera de fuentes calificadas.
Esa red ilegal tenía como líder a Juan Bautista “Tata” Yofre, titular de la SIDE en el menemismo, según definió la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, al procesarlo ayer, después de seis años de investigación, como jefe de una asociación ilícita y por hacer espionaje.
Según la resolución, el trabajo de detectar y capturar e-mails lo hacían dos ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Iván Velázquez –prófugo– y Pablo Carpintero, al igual que el director del portal Seprin, Héctor Alderete, los tres imputados como parte de la misma banda.
En otro grupo, el de quienes consumían y difundían el contenido hackeado a sabiendas de su “origen espurio”, fueron procesados por encubrimiento y revelación de secretos el periodista de La Nación Carlos Pagni, el director del portal Urgente 24 Edgar Mainhard y el periodista Roberto García (columnista de Perfil, antes director de Ambito Financiero).
El empresario Néstor Ick y el general Daniel Reimundes, ex secretario del Ejército con los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, también fueron considerados encubridores.
“El objetivo primordial de Yofre era el de conocer en tiempo real información acerca del rumbo y las estrategias del gobierno nacional en sus principales áreas.
Pero no cualquier tipo de información, sino aquella vinculada con las decisiones que estaban al exclusivo cargo de los altos estratos del Poder Ejecutivo nacional”, advierte el fallo de Arroyo Salgado, de 354 páginas.
Allí definió que hay que aplicar al caso la Ley 13.985, que prohíbe el espionaje y lo castiga con hasta 10 años de prisión.
A Yofre le trabó un embargo de medio millón de pesos; a Carpintero y Alderete les embargó 300 mil y a los hombres de medios, 200 mil pesos a cada uno.
No dispuso detenciones porque la mayoría se ha mostrado a disposición de la Justicia, excepto Velázquez, quien huyó a Uruguay, donde tuvo problemas con la ley por el mismo tipo de maniobras cibernéticas y sigue allí porque el país vecino no quiere extraditarlo.
Según Arroyo Salgado, el hackeo y pishing de e-mails no sólo violó la “privacidad” de sus titulares, sino que “se vio afectado un bien jurídico sensiblemente más relevante”, “la seguridad nacional”, ya que algunas “víctimas” enviaban información “trascendental por ese medio”.
En los delitos aplicados fue más dura que el fiscal Sebastián Basso, quien pidió procesamientos sólo por asociación ilícita.
La jueza citó como ejemplo la divulgación de “datos de alta sensibilidad sobre la investigación relacionada con la desaparición de Julio López” como las “medidas de investigación que se estaban desarrollando”.
Otras situaciones, sostuvo, podrían haber “afectado seriamente las relaciones exteriores” con ciertos países, al ventilar las “estrategias” ante la comunidad internacional y “valoraciones” sobre conflictos con otros países. Se refería a cuestiones como el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y el conflicto con Uruguay por las papeleras.
La causa judicial comenzó a tramitar en agosto de 2006, con una denuncia de la ex SIDE.
Cuando se hizo pública, se mezclaban las noticias sobre hackeo a personajes de la farándula, como Susana Giménez, y a los funcionarios públicos.
El rubro de los artistas tramita aparte, por ser delitos de acción privada.
La lista de “víctimas” que consideró Arroyo incluye a
-Cristina Kirchner,
-Daniel Scioli (como vicepresidente),
-Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete),
-Nilda Garré (cuando estaba en el Ministerio de Defensa),
-Jorge Taiana (ex canciller),
-Héctor Timerman (cuando era cónsul en Nueva York),
-Jorge Argüello (como diputado y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores),
-Fabián Gutiérrez y
-Jorge Bounine (secretarios de Néstor Kirchner y luego de Cristina),
-Alicia Castro (embajadora en Venezuela),
-José Scioli (como funcionario en el Ministerio de Planificación),
-Carlos Bettini (embajador en España),
-Alberto Dalotto (ex jefe de Gabinete de Cancillería);
-Héctor Icazuriaga (titular de la Secretaría de Inteligencia),
-Alessandra Minnicelli (ex síndica general adjunta) y
-a la División de Delitos Económicos de la Policía Federal.
La mayoría reconoció como propios ante la jueza los e-mails detectados en las computadoras secuestradas o impresos en los domicilios de Yofre y su grupo.
Fernández, Timerman, Garré y Argüello precisaron que “muchas ocasiones vieron que cierta información relativa a la función que cada uno de ellos ocupaba en el ámbito del Poder Ejecutivo y que la manejaban exclusivamente vía mail era publicada en Seprin, Urgente 24, Ambito Financiero y La Nación”.
El ex jefe de Gabinete dijo que Pagni publicaba notas con el contenido de sus correos electrónicos.
La jueza explica el modus operandi de la organización. Yofre, por propia iniciativa o a pedido de sus clientes, establecía los “objetivos de interés”, o sea los funcionarios a espiar, y les pedía “a sus brazos ejecutores”, Velázquez, Carpintero y Alderete, que detectaran las cuentas de correo y las interceptaran.
A veces hackeaban directamente, otras hacían pishing, enviando mensajes falsos que requerían al usuario la clave de seguridad.
Para enviarse entre ellos el material obtenido creaban una cuenta de correo (a veces de proveedores radicados en otros países) y “depositaban” los e-mails robados en la bandeja “borrador”.
Yofre tenía abiertas varias de esas cuentas y compartía las claves con sus socios.
“Centralizaba” y “repartía” la información.
Lo mismo hacía con quienes entraban en escena en la “segunda etapa”: los clientes que recibían los correos electrónicos obtenidos.
La pesquisa se nutrió del análisis de los mensajes que Yofre, sus aliados y sus clientes se mandaban a través de esas cuentas “receptáculo”, de escuchas telefónicas y de lo incautado en allanamientos, como software de hackers para captar “pantallas, pulsaciones de teclado y toda la actividad desarrollada en otra computadora”.
“Después te paso los blancos. Por el momento seguí con Pepe Scioli; Jorge el neoyorquino; el ruso Héctor y el vasco impronunciable. También los santiagueños y los riojanos”, le indica Yofre a Alderete.
“Estimadísimo Tata: te comunico que en el día de la fecha pudimos encontrar al tío Alberto”, se reporta Iván Velázquez, quien trabajaba en tándem con Carpintero (incluso en la consultora Inteligence Consulting Group), según definió la jueza.
“Sacá a Vilma de circulación. Parece una pérdida de tiempo”, indica Yofre en alusión a Vilma Ibarra.
“La mensualidad está disponible el viernes a primera hora”, le hablaba al espía del pago.
Del lado de los “consumidores”, Urgente 24 publica la información sobre la investigación de Julio López, Pagni reclama datos de las “valijas” de Antonini Wilson, García pide y publica acerca de un reunión de Cristina Kirchner en la Unión Industrial, entre muchos ejemplos.
Todo este tráfico ilegal de información, dice Arroyo Salgado, tenía fines “netamente económicos”, afirmó la jueza, aunque no se pudo establecer cuánto cobraba o pagaba cada quien.
En la casa de Alderete fue hallado un diskette con una propuesta de servicios tarifados:
-12 mil pesos mensuales por información de coyuntura política y económica;
-15 mil informes clasificados (comerciales, patrimoniales, entradas y salidas del país, antecedentes, información negativa) y
-el control de correo electrónico 3500 por cada objetivo.
“Alerta amarilla”, advirtió un mensaje supuestamente de Yofre, en 2008, cuando Página/12 comenzó a hablar de esta historia de espías.
“Mejor que decir...”
Juan Bautista “Tata” Yofre no sólo fue procesado como jefe de una asociación ilícita y por el delito de espionaje (ambos de suma gravedad), sino también por instigar al ex espía Iván Velázquez a que sustrajera los registros de la Dirección Nacional de Migraciones y añadiera una prohibición de salida del país a su ex mujer, Andrea Luz Sanguinetti de Ridder.
“Estoy en emergencia con una mina que me quiere chantajear”, le dijo Yofre a Velázquez, según figura en el expediente de la causa.
Su pedido se concretó para el 2 de enero de 2008, aunque pidió que tuvieran en consideración “la salida del hijo menor, de nombre Jerónimo Yofre”.
Velázquez trabajaba entonces en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y concretó la misión utilizando la clave de acceso de otro funcionario de la fuerza. “Mirá este boletín, mejor que decir es hacer... ¿no?”, le mandó un mensaje a Yofre, donde le adjuntaba constancias del sistema de Migraciones.
Por Irina Hauser
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Puntos : 16510
Reputación : 3
Fecha de inscripción : 12/08/2011
Edad : 48
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Re: Por violación de secreto de Estado,espionaje,procesaron incluso a periodistas
por GABY Miér Sep 19, 2012 10:52 am
La Justicia procesó a la banda que pinchó mails de políticos y empresarios
Tal como lo había solicitado la semana pasada el fiscal Sebastián Lorenzo Basso, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó al extitular de la SIDE durante el menemismo, Juan Bautista Yofre, a exagentes de inteligencia y a periodistas, acusados de hackear mails de políticos, empresarios, sindicalistas y artistas, cuyo contenido se comercializaba y luego era difundido en lo que se calificó como un "microemprendimiento criminal".
El procesamiento alcanza, además de Yofre, a Pablo Carpintero, Héctor Alderete, Carlos Pagni, quien hasta 2007 trabajó en Ambito Financiero y luego en La Nación; Edgar Mainhard, de Urgente 24; Roberto García, quien en ese momento se desempeñaba en el diario Ambito Financiero; Néstor Ick y Daniel Reimundes.
En la causa se investigan los delitos de asociación ilícita, sustracción de documentos y encubrimiento agravado.
Yofre fue procesado con un embargo de 500.000 pesos como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a espiar a funcionarios públicos. En su resolución, la jueza entendió que "a lo largo de esta compleja y consecuentemente extensa y dilatada instrucción se han reunido elementos de convicción suficientes para estimar que los hechos investigados constituyen una multiplicidad de delitos que resultan penalmente responsables de su comisión, con distinto grado de participación".
"Advierto que el conocimiento y análisis del profuso caudal probatorio reunido en estas actuaciones no deja lugar a dudas de la existencia, cuanto menos desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008, de una empresa criminal que con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico", detalló.
Agregó que "gran parte de esa información obtenida de los correos electrónicos de funcionarios públicos del gobierno nacional debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones".
El viernes pasado el fiscal federal de San Isidro Sebastián Basso le había pedido a Arroyo Salgado los procesamientos por el supuesto acceso ilegal a cuentas de correo electrónico de políticos, funcionarios y otras personalidades cuyo contenido se comercializaba y luego era difundido en lo que calificó como un "microemprendimiento criminal".
La fiscalía enmarcó el delito dentro de una "asociación ilícita" y entendió que en la causa Yofre y los exagentes Iván
Velázquez, prófugo, y Pablo Carpintero, montaron la organización para vender lo producido. Además imputó como partícipes necesarios a Raimundes, general retirado, al empresario Néstor Ick, a los periodistas Carlos Pagni, Roberto García y Edgar Mainhard, y a quien estaba a cargo del portal de Internet Seprin, Héctor Alderete.
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Tal como lo había solicitado la semana pasada el fiscal Sebastián Lorenzo Basso, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó al extitular de la SIDE durante el menemismo, Juan Bautista Yofre, a exagentes de inteligencia y a periodistas, acusados de hackear mails de políticos, empresarios, sindicalistas y artistas, cuyo contenido se comercializaba y luego era difundido en lo que se calificó como un "microemprendimiento criminal".
El procesamiento alcanza, además de Yofre, a Pablo Carpintero, Héctor Alderete, Carlos Pagni, quien hasta 2007 trabajó en Ambito Financiero y luego en La Nación; Edgar Mainhard, de Urgente 24; Roberto García, quien en ese momento se desempeñaba en el diario Ambito Financiero; Néstor Ick y Daniel Reimundes.
En la causa se investigan los delitos de asociación ilícita, sustracción de documentos y encubrimiento agravado.
Yofre fue procesado con un embargo de 500.000 pesos como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a espiar a funcionarios públicos. En su resolución, la jueza entendió que "a lo largo de esta compleja y consecuentemente extensa y dilatada instrucción se han reunido elementos de convicción suficientes para estimar que los hechos investigados constituyen una multiplicidad de delitos que resultan penalmente responsables de su comisión, con distinto grado de participación".
"Advierto que el conocimiento y análisis del profuso caudal probatorio reunido en estas actuaciones no deja lugar a dudas de la existencia, cuanto menos desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008, de una empresa criminal que con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico", detalló.
Agregó que "gran parte de esa información obtenida de los correos electrónicos de funcionarios públicos del gobierno nacional debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones".
El viernes pasado el fiscal federal de San Isidro Sebastián Basso le había pedido a Arroyo Salgado los procesamientos por el supuesto acceso ilegal a cuentas de correo electrónico de políticos, funcionarios y otras personalidades cuyo contenido se comercializaba y luego era difundido en lo que calificó como un "microemprendimiento criminal".
La fiscalía enmarcó el delito dentro de una "asociación ilícita" y entendió que en la causa Yofre y los exagentes Iván
Velázquez, prófugo, y Pablo Carpintero, montaron la organización para vender lo producido. Además imputó como partícipes necesarios a Raimundes, general retirado, al empresario Néstor Ick, a los periodistas Carlos Pagni, Roberto García y Edgar Mainhard, y a quien estaba a cargo del portal de Internet Seprin, Héctor Alderete.
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- Mensaje n°5
Re: Por violación de secreto de Estado,espionaje,procesaron incluso a periodistas
por GABY Miér Sep 19, 2012 5:12 am
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- Mensaje n°6
Re: Por violación de secreto de Estado,espionaje,procesaron incluso a periodistas
por GABY Miér Sep 19, 2012 4:56 am
El procesamiento a periodistas y el ocultamiento de los grandes medios
Los procesamientos dictados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado sobre periodistas y un ex titular de la SIDE, sin difusión por los medios hegemónicos. El informe de 6, 7, 8 y los pedidos de “ética periodística” de los procesados.
Recurrentes editoriales del periodista de La Nación, Carlos Pagni, habituales declaraciones del ex titular de la SIDE en la época menemista, Juan Bautista Cofre y reiteradas columnas de Ámbito Financiero y actualmente en Perfil del periodista Roberto Ángel García, destacaban el valor de la ética periodística, sin embargo nada pronunciaron los medios hegemónicos sobre el procesamiento de los mencionados.
El informe de 6, 7, 8, recopiló algunas de las tantas publicaciones o declaraciones en la que Pagni, Yofre o García, hacían gala de defender la ética periodística, y demostró que nada dijeron esos mismos medios y tantos otros con respecto al procesamiento de los mencionados, como también de Edgar Mainhard por hachear mails de personalidades entre os años 2006 y 2008.
“Necesitamos una ley de ética pública para encuadrar a los periodistas”, sostenía una editorial de Pagni. “El periodismo está en una marcada decadencia y la decadencia nunca tiene fin”, afirmó Cofre y la declaración de García es lo que justamente los medios silenciaron.
“Entraron a mi computadora y me sacaron mails desde hace 4 años. Es una falta de ética periodística absoluta”, sostenía el columnista de Ámbito Financiero y actualmente en Perfil.
Los procesamientos dictados por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado sobre periodistas y un ex titular de la SIDE, sin difusión por los medios hegemónicos. El informe de 6, 7, 8 y los pedidos de “ética periodística” de los procesados.
Recurrentes editoriales del periodista de La Nación, Carlos Pagni, habituales declaraciones del ex titular de la SIDE en la época menemista, Juan Bautista Cofre y reiteradas columnas de Ámbito Financiero y actualmente en Perfil del periodista Roberto Ángel García, destacaban el valor de la ética periodística, sin embargo nada pronunciaron los medios hegemónicos sobre el procesamiento de los mencionados.
El informe de 6, 7, 8, recopiló algunas de las tantas publicaciones o declaraciones en la que Pagni, Yofre o García, hacían gala de defender la ética periodística, y demostró que nada dijeron esos mismos medios y tantos otros con respecto al procesamiento de los mencionados, como también de Edgar Mainhard por hachear mails de personalidades entre os años 2006 y 2008.
“Necesitamos una ley de ética pública para encuadrar a los periodistas”, sostenía una editorial de Pagni. “El periodismo está en una marcada decadencia y la decadencia nunca tiene fin”, afirmó Cofre y la declaración de García es lo que justamente los medios silenciaron.
“Entraron a mi computadora y me sacaron mails desde hace 4 años. Es una falta de ética periodística absoluta”, sostenía el columnista de Ámbito Financiero y actualmente en Perfil.
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- Mensaje n°7
Re: Por violación de secreto de Estado,espionaje,procesaron incluso a periodistas
por GABY Miér Sep 19, 2012 4:36 am
Cristina, Scioli, Abal Medina y Tinelli entre las víctimas de la trama
La jueza evitó incluir a espiados "mediáticos" en su resolución porque deben ser ellos, si lo desean, quienes impulsen la investigación.
La lista de "espiados" por el "microemprendimiento criminal" que dijo haber detectado la jueza Arroyo Salgado está incompleta en la resolución.
Si bien están los nombres de una decena de funcionarios y personajes vinculados con la vida política, la magistrada omitió los de los mediáticos porque tienen que ser ellos quienes deben, si lo desean, darle un impulso privado a la investigación.
Fuentes judiciales deslizaron que en esa lista está, entre otros espiados, la actriz y conductora televisiva Susana Giménez y el conductor Marcelo Tinelli.
La lista de los funcionarios espiados incluye además al abogado defensor de los Derechos Humanos y hoy juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien le envió al canciller Héctor Timerman, "por ese entonces cónsul general y director del Centro de Promoción Argentina en la Ciudad de Nueva York", un coreo electrónico "relativo a la actuación de personal civil en la última dictadura militar".
De la resolución de la jueza Arroyo Salgado se desprende además que el funcionario que fue más espiado es el ex jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández. En la resolución aparecen mencionados unos 30 mails, desde y hacia distintos destinatarios.
También fueron hackeadas las cuentas de la arquitecta Juana Muñiz Barreto, nieta de un diputado asesinado durante la última dictadura cívico militar, quien debía declarar en un juicio en el que fue condenado por delitos de lesa humanidad el ex subcomisario Luis Abelardo Patti.
También fue violentada la casilla de correo del actual jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, cuando se desempeñaba como secretario de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y de cuya cuenta los "espías" obtuvieron "el modelo de la plataforma electoral del partido Frente para la Victoria en miras a las elecciones presidenciales que se desarrollaron en el año 2007".
Fueron espiados también, aunque no declararon en el expediente, la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner; el titular de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga; la ex embajadora en Venezuela y actual ante el Reino Unido, Alicia Castro; el ex secretario privado de la Presidencia Fabián Gutiérrez y Alessandra Minnincelli, esposa del ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
La lista de espiados se completa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli (cuando era vicepresidente de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner); la actual ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré (en momentos en que se desempeñaba como titular de la cartera de Defensa); el ex canciller Jorge Taiana; el embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, Jorge Argüello (cuando era diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores); Jorge Isidro Baltazar Bounine (secretario adjunto del ex presidente Néstor Kirchner); José Antonio "Pepe" Scioli (ex director de Cooperación Antiguo Puerto Madero); el embajador ante el gobierno de España, Carlos Bettini; Alberto Pedro D'Alotto, ex jefe de Gabinete de la Cancillería; Gabriel Mihura Estrada, gerente de Asuntos Jurídicos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a quien le interceptaron un mail con "detalle de recursos planteados ante la Corte Suprema", y la licenciada Alejandra Belén Pagone, de la Oficina del Vocero Presidencial.
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La jueza evitó incluir a espiados "mediáticos" en su resolución porque deben ser ellos, si lo desean, quienes impulsen la investigación.
La lista de "espiados" por el "microemprendimiento criminal" que dijo haber detectado la jueza Arroyo Salgado está incompleta en la resolución.
Si bien están los nombres de una decena de funcionarios y personajes vinculados con la vida política, la magistrada omitió los de los mediáticos porque tienen que ser ellos quienes deben, si lo desean, darle un impulso privado a la investigación.
Fuentes judiciales deslizaron que en esa lista está, entre otros espiados, la actriz y conductora televisiva Susana Giménez y el conductor Marcelo Tinelli.
La lista de los funcionarios espiados incluye además al abogado defensor de los Derechos Humanos y hoy juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien le envió al canciller Héctor Timerman, "por ese entonces cónsul general y director del Centro de Promoción Argentina en la Ciudad de Nueva York", un coreo electrónico "relativo a la actuación de personal civil en la última dictadura militar".
De la resolución de la jueza Arroyo Salgado se desprende además que el funcionario que fue más espiado es el ex jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández. En la resolución aparecen mencionados unos 30 mails, desde y hacia distintos destinatarios.
También fueron hackeadas las cuentas de la arquitecta Juana Muñiz Barreto, nieta de un diputado asesinado durante la última dictadura cívico militar, quien debía declarar en un juicio en el que fue condenado por delitos de lesa humanidad el ex subcomisario Luis Abelardo Patti.
También fue violentada la casilla de correo del actual jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, cuando se desempeñaba como secretario de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de la Nación, y de cuya cuenta los "espías" obtuvieron "el modelo de la plataforma electoral del partido Frente para la Victoria en miras a las elecciones presidenciales que se desarrollaron en el año 2007".
Fueron espiados también, aunque no declararon en el expediente, la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner; el titular de la Secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga; la ex embajadora en Venezuela y actual ante el Reino Unido, Alicia Castro; el ex secretario privado de la Presidencia Fabián Gutiérrez y Alessandra Minnincelli, esposa del ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
La lista de espiados se completa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli (cuando era vicepresidente de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner); la actual ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré (en momentos en que se desempeñaba como titular de la cartera de Defensa); el ex canciller Jorge Taiana; el embajador ante el gobierno de los Estados Unidos, Jorge Argüello (cuando era diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores); Jorge Isidro Baltazar Bounine (secretario adjunto del ex presidente Néstor Kirchner); José Antonio "Pepe" Scioli (ex director de Cooperación Antiguo Puerto Madero); el embajador ante el gobierno de España, Carlos Bettini; Alberto Pedro D'Alotto, ex jefe de Gabinete de la Cancillería; Gabriel Mihura Estrada, gerente de Asuntos Jurídicos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a quien le interceptaron un mail con "detalle de recursos planteados ante la Corte Suprema", y la licenciada Alejandra Belén Pagone, de la Oficina del Vocero Presidencial.
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- Mensaje n°8
Por violación de secreto de Estado,espionaje,procesaron incluso a periodistas
por GABY Lun Sep 17, 2012 1:24 pm
La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de ocho acusado en el marco de una causa por espionaje.
Juan Bautista Yofre (ex titular de la SIDE durante el menemismo) y los ex agentes de inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero por asociación ilícita.
El general retirado Daniel Manuel Raimundes, el empresario Néstor Ick y los periodistas Carlos Pagni (La Nación), Roberto García (Perfil) y Edgar Mainhard (Urgente 24) y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete, son requeridos como partícipes o encubridores de violar correspondencia electrónica.
La causa por violación de secreto de Estado comenzó en agosto de 2006 por una denuncia de la Secretaría de Inteligencia.
La vastedad de la información recabada, clasificada en más de cincuenta carpetas, y las sucesivas chicanas judiciales de los imputados que llegaron hasta recursos de queja ante la Corte Suprema fueron demorando las definiciones.
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Juan Bautista Yofre (ex titular de la SIDE durante el menemismo) y los ex agentes de inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero por asociación ilícita.
El general retirado Daniel Manuel Raimundes, el empresario Néstor Ick y los periodistas Carlos Pagni (La Nación), Roberto García (Perfil) y Edgar Mainhard (Urgente 24) y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete, son requeridos como partícipes o encubridores de violar correspondencia electrónica.
La causa por violación de secreto de Estado comenzó en agosto de 2006 por una denuncia de la Secretaría de Inteligencia.
La vastedad de la información recabada, clasificada en más de cincuenta carpetas, y las sucesivas chicanas judiciales de los imputados que llegaron hasta recursos de queja ante la Corte Suprema fueron demorando las definiciones.
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