Condenan a cinco años de prisión a un ex agente de inteligencia del Ejército
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó la pena para Juan José Luis Gil por amenazar y amedrentar a testigos y querellantes en un juicio de lesa humanidad. También quedó inhabilitado para ejercer eventuales cargos públicos.
El Personal Civil de Inteligencia del Ejército durante la dictadura Juan José Luis Gil, fue condenado ayer a cinco años de prisión tras ser encontrado culpable de amenazar y amedrentar a querellantes, funcionarios judiciales y testigos de una causa por crímenes de lesa humanidad.
La presidenta del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, María Ivón Vella, leyó ayer al mediodía la sentencia en el primer juicio que se realiza en el país por un hecho de estas características ya que en la mayoría de los antecedentes no se había logrado identificar a los autores.
En la audiencia de ayer, el ex integrante del Batallón 601 del Ejército fue condenado "como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas y coacciones agravadas” por hechos cometidos en 2009 contra el juez, el fiscal, querellantes y testigos que intervinieron en la etapa de instrucción en la causa por delitos cometidos en la Base Aérea militar de Reconquista y la Policía Departamental durante la última dictadura.
Además de la condena a cinco años, el Tribunal fijó la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la sentencia para ejercer un cargo público y fijó una nueva audiencia para el 17 de septiembre a las 19, oportunidad en la que se leerán los fundamentos de su sentencia.
En el veredicto, los jueces incluyeron también la orden para decomisar la notebook del condenado para ser entregada a "algún establecimiento oficial de bien público" y remitir al Juzgado Federal de Reconquista un DNI, una Libreta Cívica y una credencial policial hallados en casa del imputado para que investiguen si se trata de documentación falsa.
La condena al ex integrante del Batallón 601 fue festejada por organismos de Derechos Humanos, que reunieron a más de un centenar de manifestantes en la calle Primera Junta, en su intersección con San Jerónimo, para escuchar el veredicto.
El querellante Raúl Borsatti consideró que, aunque esperaba una sentencia mayor, “es positivo que hayan condenado a este personaje, que de todos los represores que están detenidos en el norte de la provincia, es el más peligroso”.
Tanto el fiscal federal subrogante Martín Suárez Faisal como las dos querellas habían solicitado una pena mayor a la otorgada por el tribunal santafesino. El representante del Ministerio Público Fiscal había pedido ocho años de prisión para el acusado durante la etapa de alegatos mientras que las querellas habían reclamado entre 12 y 13 años de cárcel.
La denuncia que dio inicio a la causa fue radicada por integrantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista, a partir de dos correos electrónicos con amenazas e intimidaciones a través de una cuenta falsa de Yahoo. Además de cargar contra víctimas del Terrorismo de Estado, los emails también fueron recibidos por un juez federal, la Fiscalía Federal de Reconquista y el Concejo Municipal de esa ciudad.
http://tiempo.infonews.com
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó la pena para Juan José Luis Gil por amenazar y amedrentar a testigos y querellantes en un juicio de lesa humanidad. También quedó inhabilitado para ejercer eventuales cargos públicos.
El Personal Civil de Inteligencia del Ejército durante la dictadura Juan José Luis Gil, fue condenado ayer a cinco años de prisión tras ser encontrado culpable de amenazar y amedrentar a querellantes, funcionarios judiciales y testigos de una causa por crímenes de lesa humanidad.
La presidenta del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, María Ivón Vella, leyó ayer al mediodía la sentencia en el primer juicio que se realiza en el país por un hecho de estas características ya que en la mayoría de los antecedentes no se había logrado identificar a los autores.
En la audiencia de ayer, el ex integrante del Batallón 601 del Ejército fue condenado "como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas y coacciones agravadas” por hechos cometidos en 2009 contra el juez, el fiscal, querellantes y testigos que intervinieron en la etapa de instrucción en la causa por delitos cometidos en la Base Aérea militar de Reconquista y la Policía Departamental durante la última dictadura.
Además de la condena a cinco años, el Tribunal fijó la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la sentencia para ejercer un cargo público y fijó una nueva audiencia para el 17 de septiembre a las 19, oportunidad en la que se leerán los fundamentos de su sentencia.
En el veredicto, los jueces incluyeron también la orden para decomisar la notebook del condenado para ser entregada a "algún establecimiento oficial de bien público" y remitir al Juzgado Federal de Reconquista un DNI, una Libreta Cívica y una credencial policial hallados en casa del imputado para que investiguen si se trata de documentación falsa.
La condena al ex integrante del Batallón 601 fue festejada por organismos de Derechos Humanos, que reunieron a más de un centenar de manifestantes en la calle Primera Junta, en su intersección con San Jerónimo, para escuchar el veredicto.
El querellante Raúl Borsatti consideró que, aunque esperaba una sentencia mayor, “es positivo que hayan condenado a este personaje, que de todos los represores que están detenidos en el norte de la provincia, es el más peligroso”.
Tanto el fiscal federal subrogante Martín Suárez Faisal como las dos querellas habían solicitado una pena mayor a la otorgada por el tribunal santafesino. El representante del Ministerio Público Fiscal había pedido ocho años de prisión para el acusado durante la etapa de alegatos mientras que las querellas habían reclamado entre 12 y 13 años de cárcel.
La denuncia que dio inicio a la causa fue radicada por integrantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista, a partir de dos correos electrónicos con amenazas e intimidaciones a través de una cuenta falsa de Yahoo. Además de cargar contra víctimas del Terrorismo de Estado, los emails también fueron recibidos por un juez federal, la Fiscalía Federal de Reconquista y el Concejo Municipal de esa ciudad.
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