por GABY Lun Jun 25, 2012 5:29 pmLa Dirección de Tierras de Río Negro promovió la disposición interna Nº 11 que representa el primer paso destinado a recuperar campos fiscales vendidos en forma presuntamente irregular en el Área Natural Protegida de Somuncura. El negocio por $ 9,18 la hectárea involucró a un productor de pelo de guanaco de Bariloche, a quien no se lo puede ubicar para su notificación.
La norma legal que lleva la firma del titular del organismo, Juan Prost, remitió el expediente de adjudicación a la Fiscalía de Estado a fin de que inicie las acciones legales necesarias, apuntando a obtener una declaración judicial de nulidad de actas emanadas durante la gestión de Miguel Saiz, entre 2006 y 2007. El funcionario provincial rechazó el pago de sumas de dinero en concepto de cuotas hipotecarias adeudadas por el adquirente Mauricio Alejandro Montes.
También remitió al Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de Carlos Reussi, las declaraciones testimoniales de los vecinos del campo Gildo Pilquiman y Silvano Aguilar, quienes negaron haber tenido participación en la venta de derechos y haber estado ante un escribano en Bariloche.
Los fundamentos de la disposición publicada ayer en el Boletín Oficial con el propósito de dar con el paradero de Montes, al haber consignado un domicilio desconocido de la ciudad lacustre, señalan numerosas irregularidades. Por caso, un informe donde consta que la Unidad Económica Agraria (UEA) para esa zona es de 15.000 hectáreas, según se estableció en los decretos 764/81 y 723/83. Estas normas definen como UEA a la superficie mínima que asegure la rentabilidad de la empresa agraria de dimensión familiar y un adecuado procedimiento de reinversión que permita su evolución favorable.
Según la última disposición, "se vendieron tres predios superando, con creces, la superficie que debe ser entregada a un solo poblador, incluso tratándose de una zona marginal desde el punto de vista de la producción agropecuaria como lo es la meseta". Insiste en que la entrega excede el promedio de superficie "constituyendo una violación del artículo 43 de la Ley de Tierras 279".
Se menciona que el adquirente tampoco cumplió con la obligación de residir en el predio y que se soslayaron datos de Medio Ambiente porque los predios están en una reserva natural, y están sometidos a un plan de manejo.
Las actuaciones fueron giradas a Reussi, quien investiga a Saiz, a su entonces ministro de Producción, Juan Accatino, y a los ex directores generales de Tierras, Jorge Belacín y Daniel Tait, en el marco de una causa de venta a precios exiguos. La Fiscalía judicial solicitó una medida cautelar de "anotación de litis" que resguarda que, ante una pretensión de venta, se notifique al potencial comprador sobre que la operación se investiga por presuntas irregularidades. El expediente judicial se inició con una denuncia de Luis Bardeggia, quien tras asumir como ministro de Producción en diciembre pasado, pudo acceder a esos documentos que luego entregó a la fiscal.http://www.rionegro.com.ar
La norma legal que lleva la firma del titular del organismo, Juan Prost, remitió el expediente de adjudicación a la Fiscalía de Estado a fin de que inicie las acciones legales necesarias, apuntando a obtener una declaración judicial de nulidad de actas emanadas durante la gestión de Miguel Saiz, entre 2006 y 2007. El funcionario provincial rechazó el pago de sumas de dinero en concepto de cuotas hipotecarias adeudadas por el adquirente Mauricio Alejandro Montes.
También remitió al Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de Carlos Reussi, las declaraciones testimoniales de los vecinos del campo Gildo Pilquiman y Silvano Aguilar, quienes negaron haber tenido participación en la venta de derechos y haber estado ante un escribano en Bariloche.
Los fundamentos de la disposición publicada ayer en el Boletín Oficial con el propósito de dar con el paradero de Montes, al haber consignado un domicilio desconocido de la ciudad lacustre, señalan numerosas irregularidades. Por caso, un informe donde consta que la Unidad Económica Agraria (UEA) para esa zona es de 15.000 hectáreas, según se estableció en los decretos 764/81 y 723/83. Estas normas definen como UEA a la superficie mínima que asegure la rentabilidad de la empresa agraria de dimensión familiar y un adecuado procedimiento de reinversión que permita su evolución favorable.
Según la última disposición, "se vendieron tres predios superando, con creces, la superficie que debe ser entregada a un solo poblador, incluso tratándose de una zona marginal desde el punto de vista de la producción agropecuaria como lo es la meseta". Insiste en que la entrega excede el promedio de superficie "constituyendo una violación del artículo 43 de la Ley de Tierras 279".
Se menciona que el adquirente tampoco cumplió con la obligación de residir en el predio y que se soslayaron datos de Medio Ambiente porque los predios están en una reserva natural, y están sometidos a un plan de manejo.
Las actuaciones fueron giradas a Reussi, quien investiga a Saiz, a su entonces ministro de Producción, Juan Accatino, y a los ex directores generales de Tierras, Jorge Belacín y Daniel Tait, en el marco de una causa de venta a precios exiguos. La Fiscalía judicial solicitó una medida cautelar de "anotación de litis" que resguarda que, ante una pretensión de venta, se notifique al potencial comprador sobre que la operación se investiga por presuntas irregularidades. El expediente judicial se inició con una denuncia de Luis Bardeggia, quien tras asumir como ministro de Producción en diciembre pasado, pudo acceder a esos documentos que luego entregó a la fiscal.http://www.rionegro.com.ar
