por GABY Vie Jun 15, 2012 11:54 amCada día se registra en España una media de 159 desahucios por el impago de la hipoteca o el alquiler. El 82 % de ellos golpea a familias con menores a su cargo que, en su mayoría, carecen de otra alternativa de residencia. Esas cifras fueron facilitadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ante la ausencia de datos ha creado su propia base. La fuente de información han sido más de 6.000 encuestas realizadas a ciudadanos de todo el Estado que, en algún momento, se han puesto en contacto con el colectivo .
Según la PAH, la mayoría de los desahucios no queda recogida en las estadísticas, porque «la vergüenza» que sienten las familias, sobre todo las que tienen hijos pequeños, hace que se «autodesalojen» para no pasar «por la violencia de una intervención policial». Así lo explicó a EFE el asesor jurídico de la Plataforma, Rafael Mayoral, quien subraya la paradoja de que, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20 % del parque inmobiliario.
La nacionalidad de las personas desalojadas rompe el tópico según el cual las ejecuciones hipotecarias son un problema de los inmigrantes. Todo lo contrario. Español, en paro, con hijos a su cargo y una hipoteca media entre 100.000 y 200.000 euros es el perfil del desahuciado, que prácticamente se repite en todas las comunidades autónomas, según indican los fundadores de la PAH, Ada Colau y Adrià Alemany en el libro 'Vidas hipotecadas', que se publicará a finales de junio en castellano, tras haber sido editado en catalán.
En 2011, la Comunidad Valenciana registró el 23,5 % del total nacional de desahucios, con una media de casi 50 ejecuciones al día, una tasa muy similar a la de Madrid. A ambas comunidades hay que unir Cataluña, Andalucía y Murcia como las regiones con más casos. En Cataluña -7.000 órdenes de desahucio desde junio de 2011- casi 20 hogares abandonan, de media, su piso cada día. En el País Vasco, son siete.
Iniciativa legislativa
El recrudecimiento de la crisis ha impulsado en muchas comunidades la recogida de firmas a modo de Iniciativa Legislativa Popular (IPL) para reformar la ley hipotecaria, regular la dación en pago (cancelar la deuda con el piso), paralizar los desahucios y fijar los alquileres sociales.
Navarra fue la primera autonomía donde una entidad financiera aceptó la dación en pago. No obstante, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca matiza que en la comunidad foral «no existe ningún caso en el que un banco haya aceptado esta fórmula con todas las consecuencias». En el País Vasco, el Gobierno autónomo ha creado un sistema de mediación para evitar desahucios al que ya se ha adherido Kutxabank. Esa entidad se ha comprometido a no iniciar ninguna reclamación judicial durante un mes, a la espera de que se presente una propuesta ajustada a cada situación. Con anterioridad, en septiembre de 2011, Cáritas Diocesana de Barcelona puso en marcha su propio servicio de mediación que, hasta abril de 2012, había intervenido en unos 800 casos.
Frente a este problema, la PAH reclama que, una vez que se adjudica la vivienda a la entidad financiera, se cancelen definitivamente las cantidades pendientes -para que nadie quede con deudas perpetuas- o se provea al desalojado un arrendamiento cuyo coste no supere el 30 % de la renta familiar.
Casi todas las comunidades ya acumulan una lista de desahucios paralizados. En las islas Baleares, en el barrio palmesano de Son Ferriol, se logró detener, con la ayuda de la Plataforma, el desalojo de una mujer con cuatro nietos a su cargo y una hija con discapacidad. La afectada envió una carta al juez pidiendo un aplazamiento de cuatro meses, que finalmente se consiguió.
Otro caso similar se dio en Gran Canaria, donde la PAH logró parar el desalojo de una desempleada, madre de cuatro niñas y con un esposo enfermo. Y en Asturias, Stop Desahucios, otra asociación creada a raíz del 15-M, impidió el desahucio de un matrimonio de origen ecuatoriano y su bebé.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca está consiguiendo, en palabras de su asesor jurídico, «hacer visible» el conflicto. Rafael Mayoral agrega que también está demostrando que los desalojos incumplen el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, suscrito por España.
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