por GABY Lun Ene 30, 2012 1:32 pmEl GEOP, el Grupo de Operaciones Policiales de Chubut se presenta como la fuerza de elite dentro de la Policía de la provincia, pero en su lado oscuro esconde un macabro costado violento. El resto de la Policía del Chubut corre por igual camino por culpa de una cúpula designada por el poder político, quienes dieron rienda libre a los abusos, los apremios ilegales y los asesinatos y quienes comparten la culpa y tienen las manos manchadas con la sangre de Iván Torres, Julián Antillanca, Wilson Bustos y muchísimos otros casos de abusos y violencia, que dejan al desnudo un preocupante y escandaloso grado de impunidad y corrupción dentro de la fuerza.
Los recientes casos de represión, tortura y violación ocurridos en Trelew, llegaron a las tapas de los principales diarios nacionales e imprimieron otro contexto a los hechos antes mencionados.
Porque fueron precursores del calamitoso estado de la Policía chubutense, porque en cada uno de los casos la violencia y la muerte estuvo amparada por el poder político y además mostró una sospechosa, lenta y parcial reacción de la Justicia, que en la mayoría de los casos aun resta dictar condena.
El 2 de octubre de 2003, Iván Torres fue visto por última vez en dependencias de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia. Nunca mas nada se supo de él. La familia implora por justicia hace más de ocho años, y el caso tuvo un viaje de mano en mano hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero recayó en el fuero provincial y quedó a cargo del entonces Juzgado de Instrucción número 2 cuya titularidad tenía el Juez Oscar Herrera.
El Consejo de Magistratura luego destituyó a Herrera por demoras en la causa y luego de un extenso impasse, llegó a manos del fiscal federal Norberto Bellver, quien se declaró incompetente, al igual que la titular del Juzgado Federal de primera instancia. Pero una vez elevado a la Cámara Federal de Apelaciones, el expediente regresó al juzgado de Parcio Seleme.
Gracias a la tenacidad e insistencia de la familia de Iván Torres, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno argentino que provea las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad psicofísica de la madre de Iván, María Millacura , sus nietas, sus abogadas y los testigos.
Sin embargo seis testigos perdieron la vida en circunstancias aun no esclarecidas. Dos de ellos declararon haber visto con vida a Iván en la comisaría y haber sufrido ellos mismos golpes por parte de la policía.
Denunciaron, también, que temían por sus vidas. Uno de esos testigos, Walter Mansilla, ya protegido por la Corte Interamericana desde el 6 de julio de 2006, fue asesinado en junio de 2007 y asentado en el Libro de la Morgue de Comodoro Rivadavia como ‘NN’.
El 22 de marzo de 2011, Juan Pablo Caba, cuñado de Iván Torres y otro de los testigos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la causa por la desaparición forzada de Torres, murió a raíz de una infección por una herida de bala. El testigo había sido baleado en la calle y según la policía se negó a denunciar al atacante.
Según informara Horacio Cecchi del diario Pagina 12 “un tercer testigo vive, pero un homónimo fue asesinado. Las familias de Iván y de los testigos son constantemente amenazadas. Tamara, una amiga de Iván, fue violada creyendo que era hermana de Iván. Cuando el violador la dejó, le dijo: “Andá a la comisaría 1ª que te tomo la denuncia”. La muerte del protegido Caba es el síntoma de la desaparición forzada de personas: para mantener silenciado el secuestro de Iván debe continuar silenciando bocas en el tiempo”.
A este panorama de muerte, impunidad y abusos, se suma el hecho de que el gobierno de Chubut, la jueza Parcio Seleme y el Ministerio del Interior distribuyeron dos fotos para obtener información sobre el paradero de Iván que, según su madre, son posteriores a la desaparición y en donde se lo ve golpeado.
Además entre tantas demoras, también apareció un testigo que desvió la causa al declarar que Torres estaba escondido en una villa de la Ciudad de Buenos Aires y que realizaba algunas actividades en el barrio de Mataderos bajo el nombre de Gregorio. La pista luego fue desestimada. Todo demasiado turbio y enmarañado, en un caso en que se mezcla una oscura conducta tanto de la Policía, como el poder político y la Justicia del Chubut.
Así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo del 29 de septiembre del año pasado , condenando al Estado argentino por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Iván Torres en un fallo que por primera vez deja en claro la responsabilidad del Poder Judicial en esta grave violación de derechos fundamentales. Asimismo el fallo determina que los “abusos policiales como el que sufrió Torres son frecuentes en la provincia del Chubut” como así también ordena “implementar en un plazo razonable., un programa o curso obligatorio sobre derechos humanos dirigido a los policías de todos los niveles jerárquicos de la provincia de Chubut”.
Dicho fallo nunca tuvo verdadera aplicación y el gobernador Mario Das Neves y los responsables de ponerlo en práctica hicieron oídos sordos. Los resultados hoy están a la vista.
Otro de los casos aterradores, fue el de la muerte de Julián Antillanca, ocurrido el 5 de septiembre de 2010.
El cuerpo del joven de 19 fue arrojado de un patrullero de la Seccional Cuarta en el Barrio UPCN. Luego de varios días de no saber bien las causas de la muerte de Julián y depuse de que se tratase el caso como muerte por ingesta alcohólica, apareció una testigo que relató que esa madrugada del domingo 5 de septiembre vio, escondida tras un árbol, que el cabo Martín Solís, le ordenaba al chofer del patrullero que bajara el cadáver del chico, que estaba en el baúl. La joven de identidad reservada contó que el policía dio dos golpes en el capot y que antes “miró para todos lados” para cerciorarse que no hubiera testigos.
Es misma noche también fueron brutalmente golpeados y detenidos ilegalmente los hermanos Sergio y Denis Aballay.
En un principio el Ministerio Publico Fiscal tramitó dos causas por separado. Una caratulada, "Antillanca, Gonzalo Julián s/muerte - Trelew" y otra "Aballay Sergio Alejandro y otro r/víctima apremios ilegales-Trelew. Pero en el juicio que comenzó el pasado 14 de diciembre, ambas causas fueron agregadas y unificadas.
Los policías acusados por la golpiza a los hermanos Aballay son Martín Solís, Laura Córdoba, Diego Rey, Jorge Abraham, Analía Di Gregorio, Mario Alberto Bascuñán, Valeria Zabala y Carlos Omar Sandoval.
Sobre ellos pesan distintas calificaciones según su participación como privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones, falsedad ideológica, abuso de armas, omisión o retardo de actos de oficio, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y encubrimiento.
Por su parte, según las imputaciones de la fiscalía en el caso de la muerte de Julián Antillanca, los autores de homicidio calificado serían Martín Solís, Laura Córdoba, Jorge Abraham y Pablo Morales. En tanto, Carlos Sandoval y Gabriela Bidera, están acusados por encubrimiento agravado del delito de homicidio calificado.
Lamentablemente en ninguna de las causas se profundiza la responsabilidad hacia el Jefe de Policía ni a los responsables politicos.
Ni siquiera en el resonante y grave caso que tuvo como participe al GEOP en la localidad de Corcovado entre los días 8 y 16 de marzo de 2009, cuando en un operativo para capturar a Cristian Bustos, murió a manos del grupo de elite de la Policía su hermano Wilson Bustos, se dejó parapléjico a Marcos Bustos, otro de sus hermanos y donde también se desató una serie de allanamientos ilegales, torturas, violaciones y la desaparición de Luciano González.
La dirigente mapuche Moira Millán viajó a Buenos Aires un par de meses después del brutal hecho y dijo que “con la excusa de que buscaban a Cristian (Bustos) allanaron más de veinte viviendas del pueblo con una brutalidad impresionante, torturaron a sus habitantes, violaron a las mujeres”. A partir del 9 de marzo, los efectivos policiales dieron un paso al costado y se ubicaron como “apoyo” de los efectivos del GEOP. “Tomaron la radio local y por allí declararon que la ciudad entraba en estado de sitio. Nadie podía permanecer en la calle pasadas las 22. Durante siete noches fue un terror total”, relató Millán.
Según relató el portal lavaca.org “el caso comenzó el 8 de marzo, cuando Cristian Bustos, de 27 años apareció en casa de sus padres. Cristian había sido acusado dos años antes por la muerte de su bebé de 9 meses, Benjamín. El juicio no alcanzó a dejar clara la responsabilidad de Cristian, que siempre se declaró inocente. La sentencia no estaba firme, y Bustos escapó en 2007 de la comisaría de Corcovado, primer hecho bochornoso para la fuerza. Ese 8 de marzo reapareció sosteniendo que quería entregarse. Llevaba un rifle y un revólver viejo. La policía acudió al mediodía a la casa de la familia. Omar Bustos es albañil, su señora Marta es ama de casa, y juntos han tenido diez hijos.
‘La policía rodeó la casa y yo salí a explicarles que mi hijo se iba a entregar apenas llegara el abogado Eduardo Marsal, por seguridad’ explicó Omar.
Pero la policía siguió presionando, acercándose a las ventanas, Cristian Bustos se asustó, lloraba y gritaba “me quieren matar” y finalmente, mientras su padre hablaba con la policía, se produjo la siguiente escena. Cristian, rodeado por sus hermanos Wilson de 19 años, Daniel de 22 y Marcos de 16, salió de la casa. Marcos llevaba el revólver. Cristian el rifle. Los otros mostraban cuchillos. ‘Salieron gritando que no dispararan’ relata Marta, la madre de todos ellos. El grupo así apiñado cruzó el patio de entrada, salió a la calle, la policía expectante, los jóvenes se fueron acercando a una de las esquinas, y salieron corriendo. La policía se lanzó a perseguirlos. Empezaron a escucharse balazos. Los testimonios indican que disparó primero la policía.
En un lapso de poco más de medio minuto el escenario fue el siguiente: el policía Leandro Roberts muerto, otro policía herido, Wilson Bustos muerto de un balazo en el cuello. Daniel Bustos se entregó pero mientras estaba arrodillado con las manos en alto le dispararon a una de sus piernas. Marcos Bustos recibió un balazo en el tórax, alcanzó a correr poco más y cayó. Herido y ensangrentado, lo subieron a una camioneta y le patearon la espalda y la cabeza. “Me dijo que en ese momento dejó de sentir las piernas” revela Marta, su madre. Quedó parapléjico. Nunca volverá a caminar.”. Increíblemente luego de 15 días de brutal búsqueda por todo el pueblo de Corcovado, de un día para otro, la GEOP dejó de buscar a Cristian Bustos y lo dio por fugado. Para la Policía, aun continua prófugo, aunque para otros es otro desaparecido mas en situaciones “confusas” como la de Luciano González, quien estaba charlando en la calle con un amigo en Cerro Centinela, un pueblo mapuche ubicado a 15 kilómetros de Corcovado que también estuvo bajo control del GEOP, cuando ambos fueron detenidos. “Los trasladaron hasta Trevellin, a 70 kilómetros de Corcovado, los separaron y los torturaron. De Luciano no se sabe más que lo que dijeron algunos testigos, que lo vieron en la comisaría”, remarcó la militante del Frente Mapuche Campesino Moira Millán.
El pasado 14 de noviembre de 2011, el juicio oral por la intervención del GEOP, caso en el que aún hay un desaparecido (o dos, si se cuenta a un prófugo sospechosamente esfumado) terminó en la insólita absolución del único imputado. El caso originalmente había sido caratulado como “delitos de lesa humanidad” por la Fiscalía conducida por Martín Zacchino, pero el Poder Judicial fue limando el proceso hasta llegar a este fallo con una recomendación a la Policía para evitar lo que llamaron “excesos”.
A pesar que la propia Fiscalía reconoció un estado de sitio virtual donde no se podía andar después de las 9 de la noche sin documentación, y donde además cada noche se escuchaban ráfagas de balazos disparados por el GEOP como forma de amedrentamiento, el caso quedó en la nada.
Moira Millán tuvo que encadenarse a las rejas del Ministerio de Justicia de la Nación para lograr que la recibieran y que el país se enterara de este caso, que sorpresivamente en Chubut poco se supo de él.
Para graficar el grado de violencia e impunidad con que se manejó la GEOP esos días, Millán relató que “un grupo de policías encapuchados entró en una vivienda donde estaban una mamá, su hijo de 12 años y su hija, de 8, que se estaba duchando. Tiraron la puerta abajo, golpearon a la mujer y a su hijo, los tiraron al suelo y les apuntaron con un arma. Sacaron a la nena de los pelos de la ducha, desnuda, y abusaron de ella delante de la madre”.
Algunos hechos y relatos de lo que ocurrió en Chubut antes de la represión a Camioneros y la violación del joven en la Seccional Segunda de la Policía. Hechos gravísimos perpetrados por un Fuerza que necesita desesperadamente un cambio.
El pueblo chubutense no puede ni debe tolerar un solo caso más de abuso policial. Demasiada sangre ha llegado al río y ahora es el poder político el responsable de encausar a la Policía del Chubut y además debe hacer un mea culpa de cómo dejó actuar con ferocidad la brutalidad policial sin poner ningún freno y ningún coto. Como durante años permitió que se fueran llevando a cabo sistemáticamente políticas que fueron el caldo de cultivo para el abuso, la violencia, la represión y la muerte.
Asimismo la Justicia de la provincia debe revisar municiosamente los polémicos fallos emitidos en las causas contra la Policía y apurar los tiempos de resolución de las causas que aun permanecen abiertas, esto sin perjuicio de identificar fehacientemente si dentro del Poder Judicial existió o existe connivencia con los hechos expuestos.
Porque no basta con que se remueva a un Jefe de Policía. Este también debe cargar con las responsabilidades del caso. Ni Juan Luis Ale, hoy Diputado Provincial por una carambola del destino, ni sus sucesores José Guillermo Castaño y Néstor Siri han siquiera rendido cuentas de los numerosos abusos policiales, como asi tambien los responsables del Poder Ejecutivo y los funcionarios del Ministerio de Gobierno
Ojala el nuevo Jefe de Policía Lucas Sivila, tome nota y junto a la joven gestión del gobernador Martín Buzzi logren transformar a la Policía. Ambos han empezado con el pie izquierdo, pero para enmendar aún hay tiempo. Poco, cada vez menos, pero todavía pueden hacer importantes cambios si así se lo proponen.
http://www.prensa3m.com
Los recientes casos de represión, tortura y violación ocurridos en Trelew, llegaron a las tapas de los principales diarios nacionales e imprimieron otro contexto a los hechos antes mencionados.
Porque fueron precursores del calamitoso estado de la Policía chubutense, porque en cada uno de los casos la violencia y la muerte estuvo amparada por el poder político y además mostró una sospechosa, lenta y parcial reacción de la Justicia, que en la mayoría de los casos aun resta dictar condena.
El 2 de octubre de 2003, Iván Torres fue visto por última vez en dependencias de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia. Nunca mas nada se supo de él. La familia implora por justicia hace más de ocho años, y el caso tuvo un viaje de mano en mano hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero recayó en el fuero provincial y quedó a cargo del entonces Juzgado de Instrucción número 2 cuya titularidad tenía el Juez Oscar Herrera.
El Consejo de Magistratura luego destituyó a Herrera por demoras en la causa y luego de un extenso impasse, llegó a manos del fiscal federal Norberto Bellver, quien se declaró incompetente, al igual que la titular del Juzgado Federal de primera instancia. Pero una vez elevado a la Cámara Federal de Apelaciones, el expediente regresó al juzgado de Parcio Seleme.
Gracias a la tenacidad e insistencia de la familia de Iván Torres, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno argentino que provea las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad psicofísica de la madre de Iván, María Millacura , sus nietas, sus abogadas y los testigos.
Sin embargo seis testigos perdieron la vida en circunstancias aun no esclarecidas. Dos de ellos declararon haber visto con vida a Iván en la comisaría y haber sufrido ellos mismos golpes por parte de la policía.
Denunciaron, también, que temían por sus vidas. Uno de esos testigos, Walter Mansilla, ya protegido por la Corte Interamericana desde el 6 de julio de 2006, fue asesinado en junio de 2007 y asentado en el Libro de la Morgue de Comodoro Rivadavia como ‘NN’.
El 22 de marzo de 2011, Juan Pablo Caba, cuñado de Iván Torres y otro de los testigos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la causa por la desaparición forzada de Torres, murió a raíz de una infección por una herida de bala. El testigo había sido baleado en la calle y según la policía se negó a denunciar al atacante.
Según informara Horacio Cecchi del diario Pagina 12 “un tercer testigo vive, pero un homónimo fue asesinado. Las familias de Iván y de los testigos son constantemente amenazadas. Tamara, una amiga de Iván, fue violada creyendo que era hermana de Iván. Cuando el violador la dejó, le dijo: “Andá a la comisaría 1ª que te tomo la denuncia”. La muerte del protegido Caba es el síntoma de la desaparición forzada de personas: para mantener silenciado el secuestro de Iván debe continuar silenciando bocas en el tiempo”.
A este panorama de muerte, impunidad y abusos, se suma el hecho de que el gobierno de Chubut, la jueza Parcio Seleme y el Ministerio del Interior distribuyeron dos fotos para obtener información sobre el paradero de Iván que, según su madre, son posteriores a la desaparición y en donde se lo ve golpeado.
Además entre tantas demoras, también apareció un testigo que desvió la causa al declarar que Torres estaba escondido en una villa de la Ciudad de Buenos Aires y que realizaba algunas actividades en el barrio de Mataderos bajo el nombre de Gregorio. La pista luego fue desestimada. Todo demasiado turbio y enmarañado, en un caso en que se mezcla una oscura conducta tanto de la Policía, como el poder político y la Justicia del Chubut.
Así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo del 29 de septiembre del año pasado , condenando al Estado argentino por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Iván Torres en un fallo que por primera vez deja en claro la responsabilidad del Poder Judicial en esta grave violación de derechos fundamentales. Asimismo el fallo determina que los “abusos policiales como el que sufrió Torres son frecuentes en la provincia del Chubut” como así también ordena “implementar en un plazo razonable., un programa o curso obligatorio sobre derechos humanos dirigido a los policías de todos los niveles jerárquicos de la provincia de Chubut”.
Dicho fallo nunca tuvo verdadera aplicación y el gobernador Mario Das Neves y los responsables de ponerlo en práctica hicieron oídos sordos. Los resultados hoy están a la vista.
Otro de los casos aterradores, fue el de la muerte de Julián Antillanca, ocurrido el 5 de septiembre de 2010.
El cuerpo del joven de 19 fue arrojado de un patrullero de la Seccional Cuarta en el Barrio UPCN. Luego de varios días de no saber bien las causas de la muerte de Julián y depuse de que se tratase el caso como muerte por ingesta alcohólica, apareció una testigo que relató que esa madrugada del domingo 5 de septiembre vio, escondida tras un árbol, que el cabo Martín Solís, le ordenaba al chofer del patrullero que bajara el cadáver del chico, que estaba en el baúl. La joven de identidad reservada contó que el policía dio dos golpes en el capot y que antes “miró para todos lados” para cerciorarse que no hubiera testigos.
Es misma noche también fueron brutalmente golpeados y detenidos ilegalmente los hermanos Sergio y Denis Aballay.
En un principio el Ministerio Publico Fiscal tramitó dos causas por separado. Una caratulada, "Antillanca, Gonzalo Julián s/muerte - Trelew" y otra "Aballay Sergio Alejandro y otro r/víctima apremios ilegales-Trelew. Pero en el juicio que comenzó el pasado 14 de diciembre, ambas causas fueron agregadas y unificadas.
Los policías acusados por la golpiza a los hermanos Aballay son Martín Solís, Laura Córdoba, Diego Rey, Jorge Abraham, Analía Di Gregorio, Mario Alberto Bascuñán, Valeria Zabala y Carlos Omar Sandoval.
Sobre ellos pesan distintas calificaciones según su participación como privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, vejaciones, falsedad ideológica, abuso de armas, omisión o retardo de actos de oficio, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y encubrimiento.
Por su parte, según las imputaciones de la fiscalía en el caso de la muerte de Julián Antillanca, los autores de homicidio calificado serían Martín Solís, Laura Córdoba, Jorge Abraham y Pablo Morales. En tanto, Carlos Sandoval y Gabriela Bidera, están acusados por encubrimiento agravado del delito de homicidio calificado.
Lamentablemente en ninguna de las causas se profundiza la responsabilidad hacia el Jefe de Policía ni a los responsables politicos.
Ni siquiera en el resonante y grave caso que tuvo como participe al GEOP en la localidad de Corcovado entre los días 8 y 16 de marzo de 2009, cuando en un operativo para capturar a Cristian Bustos, murió a manos del grupo de elite de la Policía su hermano Wilson Bustos, se dejó parapléjico a Marcos Bustos, otro de sus hermanos y donde también se desató una serie de allanamientos ilegales, torturas, violaciones y la desaparición de Luciano González.
La dirigente mapuche Moira Millán viajó a Buenos Aires un par de meses después del brutal hecho y dijo que “con la excusa de que buscaban a Cristian (Bustos) allanaron más de veinte viviendas del pueblo con una brutalidad impresionante, torturaron a sus habitantes, violaron a las mujeres”. A partir del 9 de marzo, los efectivos policiales dieron un paso al costado y se ubicaron como “apoyo” de los efectivos del GEOP. “Tomaron la radio local y por allí declararon que la ciudad entraba en estado de sitio. Nadie podía permanecer en la calle pasadas las 22. Durante siete noches fue un terror total”, relató Millán.
Según relató el portal lavaca.org “el caso comenzó el 8 de marzo, cuando Cristian Bustos, de 27 años apareció en casa de sus padres. Cristian había sido acusado dos años antes por la muerte de su bebé de 9 meses, Benjamín. El juicio no alcanzó a dejar clara la responsabilidad de Cristian, que siempre se declaró inocente. La sentencia no estaba firme, y Bustos escapó en 2007 de la comisaría de Corcovado, primer hecho bochornoso para la fuerza. Ese 8 de marzo reapareció sosteniendo que quería entregarse. Llevaba un rifle y un revólver viejo. La policía acudió al mediodía a la casa de la familia. Omar Bustos es albañil, su señora Marta es ama de casa, y juntos han tenido diez hijos.
‘La policía rodeó la casa y yo salí a explicarles que mi hijo se iba a entregar apenas llegara el abogado Eduardo Marsal, por seguridad’ explicó Omar.
Pero la policía siguió presionando, acercándose a las ventanas, Cristian Bustos se asustó, lloraba y gritaba “me quieren matar” y finalmente, mientras su padre hablaba con la policía, se produjo la siguiente escena. Cristian, rodeado por sus hermanos Wilson de 19 años, Daniel de 22 y Marcos de 16, salió de la casa. Marcos llevaba el revólver. Cristian el rifle. Los otros mostraban cuchillos. ‘Salieron gritando que no dispararan’ relata Marta, la madre de todos ellos. El grupo así apiñado cruzó el patio de entrada, salió a la calle, la policía expectante, los jóvenes se fueron acercando a una de las esquinas, y salieron corriendo. La policía se lanzó a perseguirlos. Empezaron a escucharse balazos. Los testimonios indican que disparó primero la policía.
En un lapso de poco más de medio minuto el escenario fue el siguiente: el policía Leandro Roberts muerto, otro policía herido, Wilson Bustos muerto de un balazo en el cuello. Daniel Bustos se entregó pero mientras estaba arrodillado con las manos en alto le dispararon a una de sus piernas. Marcos Bustos recibió un balazo en el tórax, alcanzó a correr poco más y cayó. Herido y ensangrentado, lo subieron a una camioneta y le patearon la espalda y la cabeza. “Me dijo que en ese momento dejó de sentir las piernas” revela Marta, su madre. Quedó parapléjico. Nunca volverá a caminar.”. Increíblemente luego de 15 días de brutal búsqueda por todo el pueblo de Corcovado, de un día para otro, la GEOP dejó de buscar a Cristian Bustos y lo dio por fugado. Para la Policía, aun continua prófugo, aunque para otros es otro desaparecido mas en situaciones “confusas” como la de Luciano González, quien estaba charlando en la calle con un amigo en Cerro Centinela, un pueblo mapuche ubicado a 15 kilómetros de Corcovado que también estuvo bajo control del GEOP, cuando ambos fueron detenidos. “Los trasladaron hasta Trevellin, a 70 kilómetros de Corcovado, los separaron y los torturaron. De Luciano no se sabe más que lo que dijeron algunos testigos, que lo vieron en la comisaría”, remarcó la militante del Frente Mapuche Campesino Moira Millán.
El pasado 14 de noviembre de 2011, el juicio oral por la intervención del GEOP, caso en el que aún hay un desaparecido (o dos, si se cuenta a un prófugo sospechosamente esfumado) terminó en la insólita absolución del único imputado. El caso originalmente había sido caratulado como “delitos de lesa humanidad” por la Fiscalía conducida por Martín Zacchino, pero el Poder Judicial fue limando el proceso hasta llegar a este fallo con una recomendación a la Policía para evitar lo que llamaron “excesos”.
A pesar que la propia Fiscalía reconoció un estado de sitio virtual donde no se podía andar después de las 9 de la noche sin documentación, y donde además cada noche se escuchaban ráfagas de balazos disparados por el GEOP como forma de amedrentamiento, el caso quedó en la nada.
Moira Millán tuvo que encadenarse a las rejas del Ministerio de Justicia de la Nación para lograr que la recibieran y que el país se enterara de este caso, que sorpresivamente en Chubut poco se supo de él.
Para graficar el grado de violencia e impunidad con que se manejó la GEOP esos días, Millán relató que “un grupo de policías encapuchados entró en una vivienda donde estaban una mamá, su hijo de 12 años y su hija, de 8, que se estaba duchando. Tiraron la puerta abajo, golpearon a la mujer y a su hijo, los tiraron al suelo y les apuntaron con un arma. Sacaron a la nena de los pelos de la ducha, desnuda, y abusaron de ella delante de la madre”.
Algunos hechos y relatos de lo que ocurrió en Chubut antes de la represión a Camioneros y la violación del joven en la Seccional Segunda de la Policía. Hechos gravísimos perpetrados por un Fuerza que necesita desesperadamente un cambio.
El pueblo chubutense no puede ni debe tolerar un solo caso más de abuso policial. Demasiada sangre ha llegado al río y ahora es el poder político el responsable de encausar a la Policía del Chubut y además debe hacer un mea culpa de cómo dejó actuar con ferocidad la brutalidad policial sin poner ningún freno y ningún coto. Como durante años permitió que se fueran llevando a cabo sistemáticamente políticas que fueron el caldo de cultivo para el abuso, la violencia, la represión y la muerte.
Asimismo la Justicia de la provincia debe revisar municiosamente los polémicos fallos emitidos en las causas contra la Policía y apurar los tiempos de resolución de las causas que aun permanecen abiertas, esto sin perjuicio de identificar fehacientemente si dentro del Poder Judicial existió o existe connivencia con los hechos expuestos.
Porque no basta con que se remueva a un Jefe de Policía. Este también debe cargar con las responsabilidades del caso. Ni Juan Luis Ale, hoy Diputado Provincial por una carambola del destino, ni sus sucesores José Guillermo Castaño y Néstor Siri han siquiera rendido cuentas de los numerosos abusos policiales, como asi tambien los responsables del Poder Ejecutivo y los funcionarios del Ministerio de Gobierno
Ojala el nuevo Jefe de Policía Lucas Sivila, tome nota y junto a la joven gestión del gobernador Martín Buzzi logren transformar a la Policía. Ambos han empezado con el pie izquierdo, pero para enmendar aún hay tiempo. Poco, cada vez menos, pero todavía pueden hacer importantes cambios si así se lo proponen.
http://www.prensa3m.com
