por GABY Sáb Oct 20, 2012 12:40 amLa Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa que investiga el secuestro del banquero Eduardo Saiegh en octubre de 1980, con el presunto objetivo de despojarlo del Banco Latinoamericano.
El tribunal hizo así lugar a un recurso del damnificado, quien culpó por su detención ilegal al entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, en el marco de un "plan urdido desde las más altas esferas del gobierno militar" para apropiarse de "los bienes de empresarios judíos".
Con la firma de los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiller, el tribunal ordenó desarchivar la causa, cuya acción penal había sido declarada prescripta en el año 2000, dado que se trataría de un delito de lesa humanidad imprescriptible.
La causa se inició en 1982 cuando Saiegh denunció que el 31 de octubre de 1980, como fruto de una denuncia anónima, fue detenido sin orden judicial por la División Bancos de la Policía Federal.
El grupo funcionaba dentro del propio Banco Central y "a disposición" de sus autoridades, y lo sometieron a torturas durante varios días.
Un mes después, Reynal notificó a directivos del banco el rechazo de un plan de encuadramiento que incluía la compra por el Credit Lyonnaise, exigiéndoles la autoliquidación bajo amenaza de intervenir y ocupar la entidad.
Recién en 1991 la justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva de Reynal, medida revocada por la Cámara en 1992 y que tras varios idas y vueltas se convirtió en una prescripción, en julio del 2000.
En su resolución actual desarchivando aquella causa, el tribunal ordenó su unificación con otra más reciente abierta en el 2011 con el respaldo del entonces secretario de Derechos Humanos, el fallecido Eduardo Luis Duhalde, y celebrada por la DAIA.
En esta nueva denuncia se aludió a que el secuestro de Saiegh "tenía como trasfondo un ataque sistemático y generalizado contra empresarios, en gran parte miembros de la comunidad judía, con el objetivo de hacerse de sus bienes mediante coacciones y secuestros".
La decisión tomada por la sala II del tribunal de apelaciones ordenó profundizar la pesquisa con nuevos elementos aportados y que incluye la denuncia al ex dictador Jorge Rafael Videla, a su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y a varios jefes policiales identificados.
http://memoria.telam.com.ar
El tribunal hizo así lugar a un recurso del damnificado, quien culpó por su detención ilegal al entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, en el marco de un "plan urdido desde las más altas esferas del gobierno militar" para apropiarse de "los bienes de empresarios judíos".
Con la firma de los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiller, el tribunal ordenó desarchivar la causa, cuya acción penal había sido declarada prescripta en el año 2000, dado que se trataría de un delito de lesa humanidad imprescriptible.
La causa se inició en 1982 cuando Saiegh denunció que el 31 de octubre de 1980, como fruto de una denuncia anónima, fue detenido sin orden judicial por la División Bancos de la Policía Federal.
El grupo funcionaba dentro del propio Banco Central y "a disposición" de sus autoridades, y lo sometieron a torturas durante varios días.
Un mes después, Reynal notificó a directivos del banco el rechazo de un plan de encuadramiento que incluía la compra por el Credit Lyonnaise, exigiéndoles la autoliquidación bajo amenaza de intervenir y ocupar la entidad.
Recién en 1991 la justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva de Reynal, medida revocada por la Cámara en 1992 y que tras varios idas y vueltas se convirtió en una prescripción, en julio del 2000.
En su resolución actual desarchivando aquella causa, el tribunal ordenó su unificación con otra más reciente abierta en el 2011 con el respaldo del entonces secretario de Derechos Humanos, el fallecido Eduardo Luis Duhalde, y celebrada por la DAIA.
En esta nueva denuncia se aludió a que el secuestro de Saiegh "tenía como trasfondo un ataque sistemático y generalizado contra empresarios, en gran parte miembros de la comunidad judía, con el objetivo de hacerse de sus bienes mediante coacciones y secuestros".
La decisión tomada por la sala II del tribunal de apelaciones ordenó profundizar la pesquisa con nuevos elementos aportados y que incluye la denuncia al ex dictador Jorge Rafael Videla, a su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y a varios jefes policiales identificados.
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