por GABY Lun Mar 12, 2012 1:39 amEl tercer Encuentro de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, que concluyó este domingo en Ecuador, exigió políticas de mitigación del cambio climático, una reforma agraria y acceso al agua y seguridad social.
“La intensiva explotación minera de las transnacionales, la concentración de tierra en pocas manos, el desplazamiento y los efectos del cambio climático agudizan nuestra condición de pobreza y ocasionan la pérdida de nuestra biodiversidad”, plantearon.
En la declaración final de la cita, realizada en Santo Domingo de los Tsáchilas, las asistentes solicitaron programas y proyectos que incorporen las demandas de las mujeres rurales en materia de cambio climático y administración comunitaria del agua.
El encuentro congregó esta semana a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Guinea Bissau.
La cita de Santo Domingo de los Tsáchilas, distante 120 kilómetros al suroeste de Quito, tuvo como propósito analizar las condiciones de vida de las mujeres, lo rural, medio ambiente, tierra, agua, derechos y comunicación.
Además, plantearon una reforma agraria equitativa para el desarrollo del agro y políticas que garanticen la tenencia no sólo de la capa arable de la tierra sino también del subsuelo.
También pidieron el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales mediante políticas públicas para su participación en los espacios nacionales e internacionales de toma de decisiones y procurar que el marco legal incorpore propuestas de ellas.
Demandaron políticas para crear y fortalecer los mercados rurales locales, regionales y nacionales, con énfasis en la producción orgánica y de la economía solidaria, y la recuperación y conservación de forestales y semillas nativas frente al uso de transgénicos.
También pidieron el aseguramiento social para las mujeres rurales y la asignación de presupuesto público para la lucha contra la violencia que afecta a ese sector de población.
Además, solicitaron crédito flexible para impulsar la producción y el comercio, garantizar la soberanía alimentaria, acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación y capacitación en este campo y normas que sancionen la comunicación sexista.
http://laradiodelsur.com/?p=79708
“La intensiva explotación minera de las transnacionales, la concentración de tierra en pocas manos, el desplazamiento y los efectos del cambio climático agudizan nuestra condición de pobreza y ocasionan la pérdida de nuestra biodiversidad”, plantearon.
En la declaración final de la cita, realizada en Santo Domingo de los Tsáchilas, las asistentes solicitaron programas y proyectos que incorporen las demandas de las mujeres rurales en materia de cambio climático y administración comunitaria del agua.
El encuentro congregó esta semana a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Guinea Bissau.
La cita de Santo Domingo de los Tsáchilas, distante 120 kilómetros al suroeste de Quito, tuvo como propósito analizar las condiciones de vida de las mujeres, lo rural, medio ambiente, tierra, agua, derechos y comunicación.
Además, plantearon una reforma agraria equitativa para el desarrollo del agro y políticas que garanticen la tenencia no sólo de la capa arable de la tierra sino también del subsuelo.
También pidieron el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales mediante políticas públicas para su participación en los espacios nacionales e internacionales de toma de decisiones y procurar que el marco legal incorpore propuestas de ellas.
Demandaron políticas para crear y fortalecer los mercados rurales locales, regionales y nacionales, con énfasis en la producción orgánica y de la economía solidaria, y la recuperación y conservación de forestales y semillas nativas frente al uso de transgénicos.
También pidieron el aseguramiento social para las mujeres rurales y la asignación de presupuesto público para la lucha contra la violencia que afecta a ese sector de población.
Además, solicitaron crédito flexible para impulsar la producción y el comercio, garantizar la soberanía alimentaria, acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación y capacitación en este campo y normas que sancionen la comunicación sexista.
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