por GABY Mar Oct 16, 2012 3:52 pmABRIERON UNA NUEVA INVESTIGACION QUE INVOLUCRA A MAURICIO MACRI Y A JAIME DURAN BARBA
Otra vez bajo la lupa de la Justicia
La causa está a cargo de Servini de Cubría. Es porque una empresa vinculada con el asesor del jefe de Gobierno almacenó datos sobre qué pensaban los vecinos de la comuna 12 sobre la Metropolitana. Filmus destacó que el caso revela “el modus operandi” del gobierno PRO.
La jueza María Romilda Servini de Cubría abrió una nueva investigación que involucra al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su asesor estrella Jaime Durán Barba.
Es por un trabajo que la empresa Tag –vinculada con Durán Barba y a sus dos socios– hizo para el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
A partir de una encuesta, la compañía almacenó datos sobre qué pensaban los vecinos de la comuna 12 sobre la Policía Metropolitana.
El problema es que los guardó con fichas personales, con nombre y apellido de cada uno, lo que podría constituir “quebrantamiento de secretos sobre la identidad de las personas y su uso para posibles tareas de inteligencia por parte de la Metropolitana”, según señaló la jueza, que ordenó abrir una investigación.
La causa es una escisión de la referida a las llamadas durante la campaña que daban información falsa sobre el senador Daniel Filmus y su padre, por la que Durán Barba está procesado.
Ese caso pasó al fuero contravencional y penal de la Ciudad, mucho más amigable al macrismo.
En este caso, no se investiga el uso del marketing para hacerles creer a los votantes datos falsos sobre Filmus, sino el uso de encuestas y “microtargeting” para reunir una base de datos sobre las opiniones de los vecinos de los barrios de Villa Pueyrredón, Coghlan, Villa Urquiza y Saavedra. Se trata de la comuna 12, el primer distrito en el que desembarcó la Metropolitana.
Los datos sobre los que se basa Servini de Cubría surgen del allanamiento de la sede de Durán Barba y Asociados.
Allí encontraron, además de las grabaciones que agraviaban a la familia de Filmus, un convenio entre la empresa Tag Continental y el Ministerio de Justicia porteño.
Allí la compañía vinculada con Durán Barba ofrecía determinar “con precisión quirúrgica” la opinión de los vecinos de la comuna 12 sobre el accionar de la Metropolitana.
A partir de ese convenio, la empresa hizo encuestas y armó una ficha de cada vecino, con su nombre y número de teléfono, una serie de datos personales y una clasificación de su opinión sobre la Metropolitana.
Los dividieron en “de alto riesgo” cuando eran críticos de la Metropolitana, le seguían los “de mediano riesgo” y los de “bajo riesgo”.
Sobre un plano de los barrios, distribuyeron con colores la ubicación de cada uno según su grado de desacuerdo.
“Para el Ministerio de Justicia y Seguridad es vital tener información sobre lo que pasa en cada uno de los 53 mil hogares de la comuna 12”, decía el contrato, que hacía un trabajo de “microtargeting” para identificar el pensamiento de cada vecino.
La empresa vinculada con Durán Barba indicaba que agruparía “a los vecinos individualizados en distintos grupos, según sus necesidades estratégicas de comunicación”.
El contrato empezó a regir en 2010 y establecía que la información de cada vecino sería actualizada cada tres meses.
Servini de Cubría dispuso “la separación de las causas en pos de una mejor y más pronta administración de justicia, en tanto los hechos puestos en conocimiento del tribunal en autos difieren sensiblemente de los hechos oportunamente denunciados”.
Además de Durán Barba, estarían imputados Rodrigo Lugones y Guillermo Garat.
“Me parece importante que se abra otra causa que claramente muestra cuál es el modus operandi de este tipo de investigaciones que fueron pagadas por todos los vecinos. En este caso, violentan la intimidad de las personas”, sostuvo Filmus ante Página/12.
El senador señaló que “en manos de la Policía Metropolitana, esto lleva a la presunción de actividades de espionaje compatibles con las que hicieron Ciro James, El Fino Palacios y Chamorro”.
http://www.pagina12.com.ar
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Es una causa derivada de la campaña sucia contra filmus
La justicia abrió otra investigación sobre el ecuatoriano Duran Barba
Por un planteo del fiscal Di Lello deberá determinar si el consultor y sus socios obtuvieron información privada sobre los encuestados.
El principal asesor de imagen del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el sociólogo ecuatoriano Jaime Duran Barba, quedó en medio de una nueva investigación por la denominada "campaña sucia" por la que está acusado de haber mentido sobre el candidato del Frente para la Victoria en las últimas elecciones locales, el senador Daniel Filmus.
Pese a que la Corte Suprema resolvió el 11 de septiembre que el expediente debía pasar a la justicia Penal y Contravencional de la Capital Federal (en lugar de continuar en el fuero Electoral), el fiscal federal Jorge Di Lello requirió que la investigación abarque también el supuesto delito de "quebrantamiento de secretos sobre la identidad de las personas y el uso de ellos para posibles tareas de inteligencia por parte del personal de la Policía Metropolitana".
No se trata, por cierto, de un delito grave desde el punto de vista penal.
Pero lo que la jueza María Servini de Cubría deberá determinar es si mediante la "campaña sucia" Duran Barba y los coimputados Guillermo Garat y Rodrigo Lugones obtuvieron información privada sobre las personas supuestamente "encuestadas" y operaron con esos datos de manera indebida.
"La dirección de una persona es un dato público, pues figura en el padrón. Pero si está afiliado a un partido político, si tiene una determinada religión o una enfermedad condicionante en su vida son datos privados que no pueden quebrantarse", explicó una fuente del juzgado consultada por Tiempo Argentino.
Duran Barba y sus socios fueron procesados el 19 de junio pasado por Servini de Cubría, quien los vinculó con cientos de miles de llamados que recibieron vecinos porteños en los que una voz grabación les interrogaba si sabían que el padre de Filmus era socio de Sergio Schoklender, un dato que era falso.
Para la jueza se había violado el artículo 140 del Código Electoral que, bajo el título "Inducción con engaños", determina que "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
La medida estaba a estudio de la Cámara Federal cuando la Corte resolvió apartar a Servini y adjudicarle el expediente al juez local Carlos Bentolilla.
El máximo tribunal interpretó que el delito achacado a Duran Barba "habría tenido lugar contra una persona que se postulara como candidato a un cargo público electivo de carácter local, y sin perjuicio de lo que eventualmente pudiera decidirse en el futuro sobre el particular, con motivo del desarrollo ulterior de la causa".
Ese resquicio abierto fue el que halló el fiscal Di Lello para reimpulsar la investigación.
"Corresponderá disponer la separación de las causas en pos de una mejor y más pronta administración de justicia, en tanto los hechos puestos en conocimiento del Tribunal difieren sensiblemente de los hechos oportunamente denunciados, ello por cuando la conducta puesta en conocimiento del tribunal en el marco de la causa de referencia excede claramente la jurisdicción local", explicó Servini al abrir un nuevo expediente contra Duran Barba.
El dato
Competencia
Si bien el expediente está hoy en el juzgado federal con competencia electoral de Servini, la jueza podría llegar a la conclusión de que no se trata de un “delito electoral” sino de uno común y enviar la causa a sorteo a la Cámara Federal.
Por: Néstor Espósito
http://tiempo.infonews.com
Otra vez bajo la lupa de la Justicia
La causa está a cargo de Servini de Cubría. Es porque una empresa vinculada con el asesor del jefe de Gobierno almacenó datos sobre qué pensaban los vecinos de la comuna 12 sobre la Metropolitana. Filmus destacó que el caso revela “el modus operandi” del gobierno PRO.
La jueza María Romilda Servini de Cubría abrió una nueva investigación que involucra al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y a su asesor estrella Jaime Durán Barba.
Es por un trabajo que la empresa Tag –vinculada con Durán Barba y a sus dos socios– hizo para el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
A partir de una encuesta, la compañía almacenó datos sobre qué pensaban los vecinos de la comuna 12 sobre la Policía Metropolitana.
El problema es que los guardó con fichas personales, con nombre y apellido de cada uno, lo que podría constituir “quebrantamiento de secretos sobre la identidad de las personas y su uso para posibles tareas de inteligencia por parte de la Metropolitana”, según señaló la jueza, que ordenó abrir una investigación.
La causa es una escisión de la referida a las llamadas durante la campaña que daban información falsa sobre el senador Daniel Filmus y su padre, por la que Durán Barba está procesado.
Ese caso pasó al fuero contravencional y penal de la Ciudad, mucho más amigable al macrismo.
En este caso, no se investiga el uso del marketing para hacerles creer a los votantes datos falsos sobre Filmus, sino el uso de encuestas y “microtargeting” para reunir una base de datos sobre las opiniones de los vecinos de los barrios de Villa Pueyrredón, Coghlan, Villa Urquiza y Saavedra. Se trata de la comuna 12, el primer distrito en el que desembarcó la Metropolitana.
Los datos sobre los que se basa Servini de Cubría surgen del allanamiento de la sede de Durán Barba y Asociados.
Allí encontraron, además de las grabaciones que agraviaban a la familia de Filmus, un convenio entre la empresa Tag Continental y el Ministerio de Justicia porteño.
Allí la compañía vinculada con Durán Barba ofrecía determinar “con precisión quirúrgica” la opinión de los vecinos de la comuna 12 sobre el accionar de la Metropolitana.
A partir de ese convenio, la empresa hizo encuestas y armó una ficha de cada vecino, con su nombre y número de teléfono, una serie de datos personales y una clasificación de su opinión sobre la Metropolitana.
Los dividieron en “de alto riesgo” cuando eran críticos de la Metropolitana, le seguían los “de mediano riesgo” y los de “bajo riesgo”.
Sobre un plano de los barrios, distribuyeron con colores la ubicación de cada uno según su grado de desacuerdo.
“Para el Ministerio de Justicia y Seguridad es vital tener información sobre lo que pasa en cada uno de los 53 mil hogares de la comuna 12”, decía el contrato, que hacía un trabajo de “microtargeting” para identificar el pensamiento de cada vecino.
La empresa vinculada con Durán Barba indicaba que agruparía “a los vecinos individualizados en distintos grupos, según sus necesidades estratégicas de comunicación”.
El contrato empezó a regir en 2010 y establecía que la información de cada vecino sería actualizada cada tres meses.
Servini de Cubría dispuso “la separación de las causas en pos de una mejor y más pronta administración de justicia, en tanto los hechos puestos en conocimiento del tribunal en autos difieren sensiblemente de los hechos oportunamente denunciados”.
Además de Durán Barba, estarían imputados Rodrigo Lugones y Guillermo Garat.
“Me parece importante que se abra otra causa que claramente muestra cuál es el modus operandi de este tipo de investigaciones que fueron pagadas por todos los vecinos. En este caso, violentan la intimidad de las personas”, sostuvo Filmus ante Página/12.
El senador señaló que “en manos de la Policía Metropolitana, esto lleva a la presunción de actividades de espionaje compatibles con las que hicieron Ciro James, El Fino Palacios y Chamorro”.
http://www.pagina12.com.ar
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Es una causa derivada de la campaña sucia contra filmus
La justicia abrió otra investigación sobre el ecuatoriano Duran Barba
Por un planteo del fiscal Di Lello deberá determinar si el consultor y sus socios obtuvieron información privada sobre los encuestados.
El principal asesor de imagen del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el sociólogo ecuatoriano Jaime Duran Barba, quedó en medio de una nueva investigación por la denominada "campaña sucia" por la que está acusado de haber mentido sobre el candidato del Frente para la Victoria en las últimas elecciones locales, el senador Daniel Filmus.
Pese a que la Corte Suprema resolvió el 11 de septiembre que el expediente debía pasar a la justicia Penal y Contravencional de la Capital Federal (en lugar de continuar en el fuero Electoral), el fiscal federal Jorge Di Lello requirió que la investigación abarque también el supuesto delito de "quebrantamiento de secretos sobre la identidad de las personas y el uso de ellos para posibles tareas de inteligencia por parte del personal de la Policía Metropolitana".
No se trata, por cierto, de un delito grave desde el punto de vista penal.
Pero lo que la jueza María Servini de Cubría deberá determinar es si mediante la "campaña sucia" Duran Barba y los coimputados Guillermo Garat y Rodrigo Lugones obtuvieron información privada sobre las personas supuestamente "encuestadas" y operaron con esos datos de manera indebida.
"La dirección de una persona es un dato público, pues figura en el padrón. Pero si está afiliado a un partido político, si tiene una determinada religión o una enfermedad condicionante en su vida son datos privados que no pueden quebrantarse", explicó una fuente del juzgado consultada por Tiempo Argentino.
Duran Barba y sus socios fueron procesados el 19 de junio pasado por Servini de Cubría, quien los vinculó con cientos de miles de llamados que recibieron vecinos porteños en los que una voz grabación les interrogaba si sabían que el padre de Filmus era socio de Sergio Schoklender, un dato que era falso.
Para la jueza se había violado el artículo 140 del Código Electoral que, bajo el título "Inducción con engaños", determina que "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo".
La medida estaba a estudio de la Cámara Federal cuando la Corte resolvió apartar a Servini y adjudicarle el expediente al juez local Carlos Bentolilla.
El máximo tribunal interpretó que el delito achacado a Duran Barba "habría tenido lugar contra una persona que se postulara como candidato a un cargo público electivo de carácter local, y sin perjuicio de lo que eventualmente pudiera decidirse en el futuro sobre el particular, con motivo del desarrollo ulterior de la causa".
Ese resquicio abierto fue el que halló el fiscal Di Lello para reimpulsar la investigación.
"Corresponderá disponer la separación de las causas en pos de una mejor y más pronta administración de justicia, en tanto los hechos puestos en conocimiento del Tribunal difieren sensiblemente de los hechos oportunamente denunciados, ello por cuando la conducta puesta en conocimiento del tribunal en el marco de la causa de referencia excede claramente la jurisdicción local", explicó Servini al abrir un nuevo expediente contra Duran Barba.
El dato
Competencia
Si bien el expediente está hoy en el juzgado federal con competencia electoral de Servini, la jueza podría llegar a la conclusión de que no se trata de un “delito electoral” sino de uno común y enviar la causa a sorteo a la Cámara Federal.
Por: Néstor Espósito
http://tiempo.infonews.com
